El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el jueves el cierre del centro de detención de los Everglades conocido como Alligator Alcatraz, un año después de su apertura en medio de demandas, denuncias de tortura y críticas por el uso de fondos públicos.
“Alligator Alcatraz cumplió el rol para el que fue diseñado”, afirmó DeSantis en una conferencia de prensa en las instalaciones, que ya han sido desalojadas de detenidos federales. El gobernador señaló que el centro albergó a más de 20.000 inmigrantes considerados “los peores de los peores” por la administración Trump, y que decenas enfrentaban cargos graves como violación y asesinato. “No hay duda de que esta misión ha hecho que Florida sea más segura”, añadió.
El campamento de detención temporal fue creado el verano pasado en un aeropuerto remoto que Florida tomó del condado de Miami-Dade bajo los poderes de emergencia del gobernador. Apodado “Alligator Alcatraz” por el propio DeSantis, el nombre aludía a los peligros para los detenidos si se aventuraban en las aguas pantanosas que rodeaban la propiedad. Sin embargo, críticos calificaron la operación como un costoso truco publicitario e inhumano.
Grupos ambientalistas presentaron demandas alegando que Florida violó las regulaciones ambientales al construir el campamento cerca de la Reserva Nacional Big Cypress. El estado rechazó las acusaciones, argumentando que el aeropuerto ya estaba desarrollado. No obstante, los grupos ambientalistas no darán por terminada su batalla legal. “La administración cree que puede irse en silencio y dejar su desastre para que otros lo limpien”, dijo Paul J. Schwiep, abogado de Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, en un comunicado.
En el anuncio, DeSantis estuvo acompañado por Tom Homan, el zar fronterizo del presidente Donald Trump. Homan defendió la política migratoria de Trump y elogió a Florida por liderar la nación en arrestos bajo acuerdos 287(g). “Esta no es el fin de la relación, es una continuación”, dijo Homan. 
DeSantis explicó que el alto costo del sitio se debió a que fue construido para ser “autocontenido” y defendió el gasto en saneamiento. Aseguró que los floridanos serían reembolsados por los fondos gastados, ya que la administración federal prevé cubrir los costos. El centro había operado con contratos millonarios sin licitación, y la factura anual estimada era de 450 millones de dólares.
La población de inmigrantes en Alligator Alcatraz había ido disminuyendo en los últimos meses. En abril había alrededor de 1.400 detenidos, y en mayo se redujo a 655. DeSantis indicó que los trasladados aún permanecen bajo custodia federal. Los familiares y abogados celebraron el cierre, pero expresaron preocupación por los casos migratorios pendientes, ya que muchos detenidos fueron reubicados fuera de Florida, complicando sus citas judiciales.
DeSantis también mencionó que el otro centro de detención estatal, la Institución Correccional Baker en Sanderson, conocido como Depósito de Deportación, permanece abierto, y que el estado y el gobierno federal buscan ampliar la colaboración migratoria.
El centro, que inspiró réplicas en Indiana, Nebraska y Luisiana, será devuelto al condado de Miami-Dade en aproximadamente dos semanas. La alcaldesa Daniella Levine Cava solicitó que la propiedad, que incluye 17.000 acres de humedales, sea transferida al Servicio de Parques Nacionales para la restauración de los Everglades. DeSantis calificó de “insignificante” la posibilidad de reabrir el centro en el futuro.
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