La transferencia de $10 millones desde un acuerdo con Centene, contratista de Medicaid, hacia la Hope Florida Foundation –creada para respaldar la iniciativa de la primera dama Casey DeSantis– sigue generando interrogantes tras el abrupto cierre de la investigación legislativa.
Repúblicanos como el representante Alex Andrade afirman que hubo «conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico». La ley estatal exige que estos fondos se depositen en arcas públicas bajo supervisión legislativa.
«Esto parece cada vez más un esquema para usar dinero de Medicaid en campañas políticas» – Rep. Alex Andrade
Expertos legales señalan que posibles cargos federales (fraude electrónico o fraude a servicios públicos) dependen más de intereses políticos que de méritos jurídicos, especialmente en el contexto de la tensa relación entre DeSantis y Trump.
El caso podría reavivar tensiones en el Partido Republicano, especialmente tras el respaldo de Trump a Byron Donalds como posible sucesor de DeSantis.
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