Paro judicial en México: trabajadores rechazan evaluación con riesgo de despido

Decenas de sedes del Poder Judicial de la Federación en México vivieron una jornada de paralización este viernes. La medida, ejecutada por miles de secretarios, actuarios y oficiales en al menos diecisiete entidades, respondió al rechazo contra el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026. Esta normativa, publicada en el Diario Oficial el día anterior, establece los lineamientos para evaluar el desempeño del personal de carrera.

El conflicto tiene sus raíces en la transformación constitucional del Poder Judicial aprobada en septiembre de 2024. Dicha reforma, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, modificó el artículo 100 y derivó en estos nuevos mecanismos de control laboral. Paradójicamente, el expresidente había criticado previamente las evaluaciones docentes, pero ahora su administración promueve un sistema similar para los jueces y sus colaboradores.

Los trabajadores denuncian la ambigüedad del texto oficial. El acuerdo deja en manos de la Escuela Nacional de Formación Judicial la definición de la calificación aprobatoria, sin aclarar cómo se vincula con la escala numérica donde menos de sesenta puntos implica un resultado insuficiente. Aunque la primera instancia busca detectar necesidades de capacitación, las evaluaciones posteriores podrían derivar en la separación del cargo según la Ley de Carrera Judicial.

La tensión se resolvió parcialmente gracias a la intervención de Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte. Tras un llamado al diálogo, se alcanzó un acuerdo preliminar la noche del sábado 7 de noviembre. Las partes convinieron en eliminar las disposiciones que permitían el despido por bajo rendimiento y suprimir las evaluaciones extraordinarias solicitadas por los titulares.

Este compromiso, no obstante, requiere formalización mediante un nuevo documento oficial. La discusión de fondo toca principios constitucionales: el artículo 123 protege la estabilidad laboral frente a la arbitrariedad, mientras que otras leyes exigen profesionalismo en servicios críticos como la justicia. Expertos sugieren que las consecuencias de una mala evaluación no deberían ser la destitución automática, sino la capacitación o el descenso de nivel, alineándose con estándares internacionales.

Con información de El Financiero. Foto: Luisalvaz / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

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