La idea de que el Estado y el mercado son opuestos es un error frecuente en el debate económico. Un sistema comercial eficiente no surge por generación espontánea, sino que requiere instituciones sólidas para operar correctamente. Sin una autoridad capaz de imponer normas, la tendencia natural de las grandes empresas es eliminar a sus rivales y fijar precios altos.
Los datos recientes confirman esta dinámica en Estados Unidos. Un estudio de 2020 reveló que el margen medio de beneficio sobre el coste marginal pasó del 21% en 1980 al 61% en 2016. Este incremento se concentra principalmente en el 10% de las corporaciones más grandes del país, lo que indica una pérdida significativa de competencia real.
Thomas Philippon, autor de The Great Reversal, señala que la relajación de las medidas antimonopolio desde finales de los noventa tuvo un costo alto para los hogares. Su análisis estima que la concentración empresarial le cuesta a cada familia estadounidense unos 5.000 dólares anuales. Mientras Europa reforzaba sus controles, EE.UU. debilitó los mecanismos de supervisión, permitiendo que las barreras de entrada se consolidaran.
El ejemplo de Rusia en los años noventa ilustra los riesgos de una privatización sin marco legal. Entre 1991 y 1998, la falta de tribunales y leyes de competencia provocó una caída del PIB del 40% y concentró el poder económico en pocas manos. La experiencia demuestra que retirar al Estado sin crear árbitros eficaces conduce a la extracción de rentas y no a la libertad económica.
La debilidad institucional también afecta la productividad. Cuando la justicia comercial es lenta y las reglas son ambiguas, las empresas dejan de innovar y prefieren invertir en capturar regulaciones. Esto genera un círculo vicioso donde el éxito depende más de proteger nichos legales que de ofrecer mejores productos o servicios a los consumidores.
Por tanto, defender la economía de mercado hoy implica exigir un Estado fuerte en su capacidad de supervisión, no necesariamente grande en gasto. La competencia justa protege el bolsillo del ciudadano y fomenta la innovación. Sin reglas coercitivas claras, el mercado deja de premiar la eficiencia para recompensar la capacidad de monopolio.
Con información de Economía en EL PAÍS. Foto: Koffermejia / Wikimedia Commons (CC0)
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