La regulación del mercado inmobiliario se ha consolidado como una necesidad urgente en las grandes urbes occidentales. Lo afirmaron este martes los participantes del Housing World Summit (HOWS), un congreso celebrado en el marco del Smart City Expo de Barcelona. La premisa central es clara: sin control sobre el alquiler, la venta especulativa y los alojamientos turísticos, las ciudades enfrentan el riesgo de vaciarse de residentes.
Jordi Valls, teniente de alcalde de Economía en Barcelona, subrayó que las normativas pioneras en Cataluña han llegado para permanecer. Esta postura refleja un consenso creciente entre políticos de izquierda y centro, quienes antes consideraban estas medidas como intervencionistas radicales. Ahora, la realidad del mercado obliga a actuar para proteger a los vecinos.
Matthew Baldwin, jefe del grupo de trabajo sobre vivienda de la Comisión Europea, insistió en que la vivienda es un derecho, no un privilegio. Citó la postura de Ursula Von der Leyen para respaldar la necesidad de soluciones radicales. Por su parte, Jordi Mas, director general de Vivienda de la Generalitat, detalló un plan ambicioso para ampliar el parque público y regular el mercado privado.
La mesa sobre distorsiones en el alquiler puso sobre la mesa recetas concretas. Gergely Karácsony, alcalde de Budapest, explicó las restricciones impuestas a las viviendas turísticas en su ciudad. Su objetivo es facilitar el acceso a la primera vivienda, priorizando la asequibilidad y la prevención de la gentrificación frente a los beneficios de las propiedades no residenciales.
Irene Escorihuela, directora del Observatori DESC, calificó de error histórico la falta de regulación del mercado privado. Recordó que el 90% de las casas están en manos privadas y defendió los topes de precio actuales. Su propuesta incluye una mayor intervención para reducir aún más los costos de alquiler.
Javier Burón, ex asesor de la alcaldesa Ada Colau, recordó que la Constitución española prohíbe la especulación. Ante la pregunta sobre políticas efectivas, su respuesta fue directa: tasar. Burón argumentó que, mientras se desarrollan otras herramientas, es vital ganar tiempo mediante el control de alquileres y la limitación de compras de no residencia.
Barbara Steenbergen, de la International Union of Tenants, enumeró medidas vistas en Europa. Incluyen congelar alquileres, prohibir la venta de suelo público a inversores y limitar sus beneficios. También advirtió contra la venta de vivienda protegida pagada con fondos públicos. La conclusión general es la necesidad de normas estrictas y condiciones más justas para todos los actores del mercado.
Con información de EL PAÍS: el periódico global. Ilustración generada por Al Ritmo de Miami.
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