La Legislatura de Florida considera una propuesta que, de ser aprobada por los votantes, eliminaría los impuestos a la propiedad sobre las residencias principales. Esta medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, generaría una dramática reducción de ingresos para gobiernos locales como Miami-Dade, poniendo en riesgo la financiación de servicios esenciales.
El condado advierte sobre un posible recorte de $900 millones en su recaudación anual, lo que representaría una caída del 28% en los ingresos por este concepto. En el presupuesto del 2026, Miami-Dade asignó $3.2 mil millones en impuestos a la propiedad, fondos vitales para operaciones clave.
Un análisis detallado del presupuesto revela que aproximadamente 68 centavos de cada dólar recaudado por este impuesto se destinan a cinco áreas críticas:
Servicios como Fire Rescue y el sistema de bibliotecas públicas dependen además de impuestos a la propiedad aprobados específicamente por los votantes, que aportaron $660 millones y $122 millones respectivamente en 2026.
La comisionada del condado Vicki Lopez, quien lideró un comité sobre impuestos a la propiedad el año pasado, expresó una grave preocupación:
«Serán los ‘Juegos del Hambre’ en la comunidad. Habrá una olla de ingresos cada vez menor y todos vendrán por ella. Es realmente un poco aterrador».
En contraste, partidarios de los recortes, como el Jefe de Finanzas del Estado, Blaise Ingoglia, argumentan que las advertencias son alarmistas y que los gobiernos locales deben recortar gastos superfluos, salarios altos y contrataciones excesivas.
El comisionado Kionne McGhee apoya la eliminación del impuesto para residencias principales y sugiere compensar la pérdida aumentando la tasa del impuesto a las ventas, actualmente en el 7%. «Todos contribuirían a las cárceles y a nuestro sheriff, no solo los propietarios», afirmó.
La Cámara de Representantes de Florida aprobó una legislación el 5 de marzo de 2026 que pediría a los votantes eliminar estos impuestos. Sin embargo, el Senado estatal se ha mostrado reacio a la idea. La sesión legislativa del 2026 está programada para terminar el viernes 13 de marzo, por lo que cualquier acción deberá darse en una sesión especial que podría convocarse en las próximas semanas.
Cualquier medida que apruebe la Legislatura deberá luego ser ratificada por el 60% de los votantes en las urnas en noviembre de 2026, el umbral necesario para enmendar la Constitución de Florida. Los recortes propuestos no afectarían los presupuestos escolares, solo la parte de la factura de impuestos que financia a los gobiernos municipales y del condado.
Mientras tanto, los funcionarios de Miami-Dade evalúan escenarios alternativos, que incluyen aumentar las tasas impositivas sobre propiedades no cubiertas (como edificios de apartamentos y comercios) o incrementar el impuesto a las ventas. El debate entre alivio fiscal para los hogares y la sostenibilidad de los servicios públicos define una encrucijada financiera crítica para el sur de Florida.
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