La Corte Suprema ha restringido una orden de un tribunal inferior que permitía a un grupo de vigilancia acceso amplio a los registros del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de la administración Trump.
La mayoría del alto tribunal determinó que la directiva del juez Christopher Cooper, que autorizaba a Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) examinar las recomendaciones de ahorro de costos del DOGE, «no estaba apropiadamente ajustada».
En orden de dos páginas emitida el viernes, la Corte señaló que dicho acceso no resolvía adecuadamente la disputa sobre si el DOGE debe sujetarse a la Ley de Libertad de Información (FOIA) o opera como cuerpo asesor presidencial exento de compartir registros.
«Las preocupaciones sobre separación de poderes aconsejan deferencia y restricción judicial en investigaciones sobre comunicaciones internas del Poder Ejecutivo», fundamentó la mayoría.
Mientras la administración Trump insiste que el DOGE solo emite recomendaciones sobre recortes presupuestarios, el juez Cooper encontró evidencias de que estas se aprobaban rutinariamente en bloque, funcionando más como órdenes que como sugerencias.
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