Sindicatos españoles advierten de más movilizaciones tras la huelga del 11-N

Los sindicatos mayoritarios de España han dejado claro que la huelga general del 11 de noviembre no es el final del proceso, sino el inicio de una campaña sostenida. Los líderes sindicales advierten que mantendrán la presión social frente a las propuestas de recortes y la crisis habitacional que afecta a la clase trabajadora. Esta estrategia busca consolidar el poder popular ante un escenario electoral incierto.

Marcelo Picazo, secretario de Comunicación de Comisiones Obreras, subrayó que muchas formaciones políticas promueven medidas contrarias a los intereses de la ciudadanía. Si estas fuerzas avanzan con sus planes, los sindicatos aseguran que se encontrarán con una oposición firme y organizada. La intención es frenar iniciativas que deterioran el bienestar social.

Entre las amenazas identificadas figuran posibles ajustes en las pensiones y un endurecimiento de las bajas laborales. También preocupa la propuesta de Vox de reducir el gasto público en 60.000 millones de euros, cifra basada en estimaciones del Instituto de Estudios Económicos. Estas medidas generarían un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores.

Alicia del Río, del Sindicato de Inquilinas, celebró la participación masiva y aclaró que la protesta no se dirige solo contra el futuro gobierno. La acción es contra todos los ejecutivos, incluida la administración actual, así como contra la patronal y los especuladores inmobiliarios. Exigen un modelo de vivienda radical que elimine los parches actuales y baje los alquileres por ley.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, reclamó claridad sobre las intenciones de PP y Vox para las elecciones del 29 de noviembre. Propuso una reforma constitucional que consagre la vivienda como derecho público, impidiendo su venta si cuenta con recursos estatales. Esta postura busca blindar el acceso a la vivienda frente a la especulación.

La pérdida de poder adquisitivo es otro eje central de la reivindicación. UGT exigirá subidas salariales superiores al 4,9% de inflación registrada en octubre y un aumento del 7% en el salario mínimo para 2027. Estas cifras buscan compensar el desequilibrio entre precios y remuneraciones.

Los sindicatos denuncian la paralización de la negociación colectiva durante 2026, culpando a la patronal por no sentarse a negociar. Acusan a los empresarios de esperar un cambio político favorable para imponer sus condiciones. Esta estrategia de espera ha bloqueado la renovación de los convenios laborales.

Finalmente, los líderes sindicales resaltan la importancia de confluir con los movimientos sociales de vivienda. Consideran que la unión entre sindicatos de clase y activistas ciudadanos es la fórmula para lograr éxitos como el del 11-N. Esta colaboración trasciende lo laboral y aborda problemas estructurales como los desahucios.

Con información de EL PAÍS: el periódico global. Foto: Roberto Garcia from Madrid, Spain (BY 2.0)

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