Residentes de Silver Court en Pequeña Habana exigen más tiempo y dinero ante el cierre del parque de caravanas

Protesta frente a la oficina de la comisionada Raquel Regalado

Con tambores y consignas, casi dos docenas de residentes del parque de caravanas Silver Court, en Pequeña Habana, se manifestaron el miércoles frente a la oficina de la comisionada del condado Miami-Dade, Raquel Regalado. “Raquel, escucha, estamos en la lucha”, coreaban mientras pedían ayuda para enfrentar el cierre del parque.

El cierre y las ofertas de compensación

En marzo, las más de 200 familias que viven en Silver Court fueron informadas de que el parque cerraría y que tenían seis meses para desalojar. El propietario, 1989 Sunny Court LLC (parte de la firma californiana Marquis Property Company), planea desarrollar el terreno en un proyecto que “traerá valor” al sur de Florida, según declaraciones.

Para incentivar la salida, la empresa ofreció pagos escalonados: $10,000 para quienes se fueran antes del 31 de mayo; $5,000 para los que salieran antes del 15 de julio; y $2,500 para quienes lo hicieran a finales de agosto. Además, el estado proporciona entre $1,375 y $6,000 dependiendo del tamaño de la casa móvil y si el dueño decide reubicarla.

Sin embargo, los residentes que aún se resisten consideran que estas ofertas son insuficientes. Sus caravanas, en muchos casos cementadas al suelo, representan su principal activo. “Tres años y $60,000. Hasta que no lo consigamos, no nos vamos a ningún lado”, coreaba Cristina Rodríguez, residente de 78 años y 14 años viviendo en el parque.

Acciones legales y postura del propietario

La Asociación de Propietarios de Silver Court presentó una demanda solicitando una pausa en las órdenes de desalojo, argumentando que el propietario no siguió la Ley de Casas Móviles de Florida. Carrie Feit, abogada del Community Justice Project que representa a la asociación, señaló: “Creemos que el parque se está cerrando de una manera que elude las protecciones de la ley para los propietarios de viviendas”.

Por su parte, Jorge Piedra, abogado del dueño de la propiedad, afirmó que buscan desestimar la demanda por considerarla “sin mérito”. Según Piedra, casi el 85% de los inquilinos ya se han mudado “voluntariamente con los generosos pagos en efectivo”. Advirtió que “los inquilinos restantes se están perjudicando al demorarse, ya que su compensación financiera disminuye cuanto más esperan”.

¿Qué puede hacer el gobierno local?

La comisionada Regalado indicó que ha trabajado para proporcionar alimentos y otra asistencia a los residentes de Silver Court a lo largo de los años, pero señaló que la situación actual es un problema de la ciudad de Miami, no del condado. Los residentes también han protestado frente a la oficina del comisionado municipal Ralph Rosado, cuyo distrito incluye el parque.

Ahmed Mori, organizador voluntario e investigador de parques de casas móviles, sugiere que el condado podría identificar terrenos para vivienda o presionar a la Comisión del Condado para abordar los cierres de parques de casas móviles en Miami-Dade. “No estamos pidiendo limosna”, dijo Rodríguez, “solo que [Regalado] nos dé un empujoncito, que nos ayude a encontrar ayuda para no terminar en la calle”.

Los residentes continúan su lucha mientras el caso avanza en los tribunales, con la esperanza de que las autoridades locales intervengan para proteger sus hogares.