Jueza Paula Xinis Reprende a la Administración Trump por Tácticas Dilatorias en Caso de Deportación Ilegal de Kilmar Abrego García

Conflicto Judicial Expone Resistencia de la Administración Trump a Cumplir Órdenes

La jueza federal Paula Xinis criticó duramente este viernes a la administración del expresidente Donald Trump por utilizar tácticas de «mala fe» para retrasar el cumplimiento de órdenes judiciales que exigen la repatriación de Kilmar Abrego García, deportado ilegalmente a El Salvador en marzo.

Hombre siendo detenido por agentes con equipo táctico

Detalles Clave del Caso:

  • Deportación ilegal: Realizada en marzo de 2023, violando una orden judicial de 2019 que protegía a Abrego García de persecución violenta por pandillas.
  • Resistencia gubernamental: A pesar de que la Corte Suprema declaró la deportación «ilegal», la administración Trump se niega a facilitar su regreso.
  • Declaraciones públicas: Trump y altos funcionarios han afirmado que Abrego García «nunca volverá» a EE.UU. bajo su administración.

Frustración Judicial y Falta de Cooperación

Xinis, designada durante el gobierno de Barack Obama, calificó los testimonios de funcionarios trumpistas como un «cero absoluto», al alegar desconocimiento sobre los esfuerzos para cumplir la orden judicial. «Lo que obtuvimos fue un montón de ‘no sé’», señaló.

«Cada jefe de agencia, incluido el presidente, ha adoptado posturas contradictorias ante el público», afirmó la jueza, refiriéndose a las declaraciones de Trump en una entrevista con ABC donde admitió que podría resolver el caso con una llamada, pero se niega a hacerlo.

Argumentos del Departamento de Justicia

El abogado Jonathan Guynn intentó justificar la posición del gobierno, argumentando que incluso si Abrego García regresara, sería sometido a nuevos procesos de deportación. Sin embargo, Xinis destacó que esto omitía el derecho del afectado a debido proceso para impugnar su expulsión.

Implicaciones Constitucionales

El caso evidencia un patrón de la administración Trump de ignorar órdenes judiciales y violar garantías constitucionales para impulsar su campaña de deportaciones masivas. La jueza cuestionó además el uso de la doctrina de «secretos de estado» para ocultar información relevante.

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