La jueza de la Corte de Circuito del Condado Miami-Dade, Mavel Ruiz, presentó una demanda el sábado en la que acusa a su oponente, Destiny Alvarez, de conspirar con individuos políticamente conectados para enviar mensajes de texto que atacan su imparcialidad como jueza y afirman falsamente que es comunista y que odia a Estados Unidos.
La jueza Ruiz, de 65 años, alega que los ataques por internet y los mensajes de texto incluyeron declaraciones difamatorias y formaron parte de una “conspiración civil” para dañar su reputación, candidatura y carrera judicial, con el fin de influir de manera “improper and unlawful” en el resultado de las elecciones del 18 de agosto.
Ruiz demanda a Alvarez, de 30 años, abogada de Coral Gables admitida en el Colegio de Abogados de Florida en 2020. Alvarez negó estar afiliada a comité político alguno en relación con la campaña de ataques.
“Estoy orgullosa de liderar una campaña enfocada en servir a cada residente de Miami con carácter, integridad y justicia. No me han notificado la demanda y sigo enfocada en lo que más importa: presentar mi caso directamente a los votantes. Desde el primer día, esta ha sido una campaña positiva”. — Destiny Alvarez
La demanda nombra a varias organizaciones y comités políticos como parte de la conspiración, incluyendo:
También se menciona a Nicholas Alvarez, esposo de Destiny Alvarez y lobista político; Alejandro Miranda, operador político y gerente de Miranda Advocacy y Order 66; y Damian Tapia, agente registrado de varias de estas organizaciones. La demanda incluye además a cinco demandados no identificados, presuntamente lobistas, donantes, consultores o funcionarios.
La demanda señala que la jueza Ruiz fue blanco de mensajes masivos que la calificaban de “comunista” que odia a Estados Unidos y que usa el “poder judicial como arma para atacar a los patriotas conservadores”. Uno de los mensajes, enviado en español, también afirmaba que Ruiz “impidió” que el presidente Donald J. Trump construyera su Biblioteca Presidencial en Miami.
En 2025, Ruiz bloqueó la transferencia de terrenos del Miami Dade College para la biblioteca presidencial de Trump, tras un caso presentado por el historiador Marvin Dunn. Finalmente, Ruiz revocó su bloqueo y desestimó el caso, pero el consejo del colegio solicitó su inhabilitación en casos futuros relacionados.
En la demanda, Ruiz alega que tras su fallo en el caso de la biblioteca presidencial, una “red de personas afiliadas políticamente” reclutó y financió a Alvarez para postularse contra ella. El abogado de Ruiz destacó que los PACs vinculados a la trama comparten suite de oficinas, número de teléfono y directivos.
La demanda también sostiene que el esposo de Alvarez, Nicholas Alvarez, sirvió como “conducto” para que su esposa se comunicara con quienes financiaron y difundieron los anuncios de ataque, ocultando así su afiliación con los ataques.
La jueza también acusa a los demandados de coordinar un sitio web de ataque con su nombre, mavelruiz.com, que permanece público hasta el miércoles por la mañana. Al acceder, los visitantes ven la declaración:
“Judge Mavel Ruiz, Unethical. Unfit. Untrustworthy.”
El sitio también menciona un asunto disciplinario y casos en los que las decisiones de Ruiz fueron revertidas, calificando su historial judicial como un “patrón de abuso de poder”.
La carrera de Alvarez por el escaño judicial ha sido tema de conversación en círculos legales y políticos, especialmente por la naturaleza contenciosa de la contienda. Las elecciones judiciales deberían ser no partidistas, pero el caso ha atraído la atención de figuras políticas y comités de acción política.
En junio, el Florida Bulldog publicó un artículo detallando cómo la campaña de Alvarez fue financiada por aliados de Trump molestos por el fallo de Ruiz en el caso de la biblioteca presidencial.
Alvarez, cuyo apellido de soltera es Goede, es socia gerente del bufete de su padre, Goede DeBoest & Cross. Se graduó de la facultad de derecho de la Universidad de Florida y es miembro de la Sociedad Federalista, una organización legal conservadora. También se desempeñó como becaria del gobernador durante el primer mandato de Ron DeSantis.
Aunque ha manejado litigios civiles, disputas de seguros y derecho de HOA y condominios, no ha llevado un caso ante un jurado o un juez en los cinco años que lleva ejerciendo la abogacía.
La demanda sigue su curso mientras la comunidad legal y política de Miami observa de cerca el desenlace de esta contienda electoral.
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