El Concejo de Doral, compuesto por inmigrantes o hijos de inmigrantes, aprobó por unanimidad una resolución que autoriza a su departamento de policía a participar en el programa federal 287(g), permitiendo a los oficiales aplicar leyes migratorias. 
«Nuestro departamento de policía está aquí para servir a todos, independientemente de su estatus migratorio», afirmó el jefe Edwin López, aunque advirtió que «descubrir ilegalidad durante investigaciones podría generar cargos adicionales».
La alcaldesa Christi Fraga reconoció el dilema moral: «No es nuestro deber hacer cumplir leyes migratorias, pero el estado nos obliga». El abogado municipal Lorenzo Cobiella alertó sobre presiones para cumplir con leyes antitutela.
Abogados de derechos migrantes como Zohra Khorashi advierten: «Es una puerta a perfiles raciales y separación familiar». Más de 30,000 venezolanos en Doral, muchos con protecciones temporales, podrían verse afectados.
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