Miami debate su acuerdo con ICE: tres comisionados dispuestos a salir del programa 287(g)

Miami debate su acuerdo con ICE: tres comisionados dispuestos a salir del programa 287(g)

En una tensa reunión el jueves, la Comisión de la Ciudad de Miami escuchó una oleada de oposición al acuerdo de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Más de 50 personas se manifestaron en contra del programa 287(g), que permite a agentes locales actuar como agentes de inmigración.

Comisionados dispuestos a cambiar

Tres de los cinco comisionados —Christine King, Rolando Escalona y Damian Pardo— declararon que estarían dispuestos a salir del acuerdo, siempre que sea legal. Escalona, un republicano que huyó de la persecución política en Cuba hace 12 años, se mostró visiblemente emocionado. “Dos semanas después de que nacieran mis gemelos, fui a sacarles pasaportes porque tenía miedo. Y soy ciudadano estadounidense”, dijo.

Advertencias legales y presupuestarias

El abogado de la ciudad, George Wysong, advirtió que salir del programa podría llevar a la pérdida de fondos estatales, unos $7.5 millones anuales. La comisionada King respondió: “$7.5 millones vale la pena para salvar una vida, una familia. Lo recuperaremos de alguna manera”.

El administrador municipal James Reyes intentó calmar los temores, asegurando que la policía de Miami no realiza perfiles ni pregunta sobre estatus migratorio. Solo dos detectives están entrenados bajo 287(g) y actúan según sea necesario. “El estatus migratorio no ha influido en ninguna acusación o detención desde que se firmó el acuerdo”, afirmó.

Contexto estatal y decisión de la Corte Suprema

Florida lidera la nación con 375 acuerdos 287(g) activos, impulsados por el gobernador Ron DeSantis. La reunión coincidió con una decisión de la Corte Suprema que allana el camino para eliminar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 haitianos y 6,000 sirios. En Florida reside más de un tercio de los haitianos con TPS, ahora vulnerables a la detención y deportación.

Presión del gobernador

DeSantis ha sido agresivo en exigir a gobiernos locales que adopten 287(g). El año pasado, el fiscal general James Uthmeier amenazó con destituir a funcionarios de Fort Myers y Key West que rechazaron el acuerdo, obligándolos a revertir su decisión. Una posible revocación en Miami podría enfrentar a la ciudad con Tallahassee.

Voz de la comunidad y activistas

Afuera del ayuntamiento, organizaciones de derechos de inmigrantes sostenían carteles con lemas como “Solidarity Melts ICE” y “Block 287(g)”. Renata Bozzetto, directora adjunta de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo: “Para aquellos vecinos que no son inmigrantes, es hora de despertar”. Arianne Betancourt, activista, relató que por su trabajo sabe “exactamente dónde terminan las personas debido al acuerdo 287(g): en centros de detención sin agua, comida, medicamentos ni acceso a abogados”.

La nueva alcaldesa Eileen Higgins, quien ha criticado el programa, no estuvo presente por estar fuera del país. Activistas la criticaron por no asistir. Higgins había dicho en febrero que apoya rescindir 287(g), pero que depende de la comisión.

La comisión no tomó acciones formales, pero el debate refleja la creciente ansiedad en una ciudad de mayoría inmigrante ante una ofensiva nacional de deportaciones.