El jueves, la Corte Suprema emitió un fallo que permite a la administración Trump eliminar las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo para más de 350,000 haitianos y sirios con Estatus de Protección Temporal (TPS). La decisión, de 6 a 3, representa un duro golpe para la comunidad inmigrante del sur de Florida, donde reside la mayor población de beneficiarios de TPS del país.
La Corte determinó que los jueces no pueden revisar las decisiones del poder ejecutivo sobre el TPS, a menos que se trate de reclamos constitucionales. El juez Samuel Alito, autor de la opinión mayoritaria, señaló que la ley de TPS de 1990 establece que «no hay revisión judicial de ninguna determinación… con respecto a la designación, terminación o extensión». Esto deja a los tribunales sin capacidad para intervenir en violaciones de leyes federales o regulaciones ejecutivas, como lo argumentó la disidencia encabezada por la jueza Elena Kagan.
La jueza Kagan, junto con Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, denunció que la decisión hace a los tribunales «impotentes para intervenir» incluso cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) viola la ley federal. Además, calificó las declaraciones del presidente Trump sobre los haitianos como «tan repugnantes e impregnadas de racismo que la mayoría se niega a imprimirlas».
Según el Congressional Research Service, al 31 de marzo de 2025, había aproximadamente 404,000 beneficiarios de TPS en Florida, de los cuales el 36% son haitianos. La comunidad haitiana es la segunda más grande después de la venezolana. El abogado de inmigración de Miami, Ira Kurzban, quien representa a los demandantes haitianos, explicó que las protecciones permanecen vigentes por hasta 32 días, mientras la Corte emite su mandato a los tribunales inferiores.
Los titulares de TPS ahora deben prepararse para desafiar la terminación basándose en reclamos constitucionales, si existen fundamentos. Sin embargo, la puerta a impugnaciones por violaciones de la Ley de Procedimiento Administrativo está cerrada. Documentos internos publicados en el caso revelan que el DHS no consultó al Departamento de Estado sobre las condiciones de los países antes de terminar el TPS, lo que constituiría una violación de dicha ley.
Haití atraviesa una crisis extrema de violencia de pandillas, hambre generalizada e inestabilidad política. El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene una advertencia «No viajar» para el país. A pesar de ello, el fallo de la Corte abre la puerta a la deportación de decenas de miles de personas hacia un entorno peligroso. Abogados de Miami, como Mark Prada, advierten que la aplicación de la ley migratoria se intensificará en el sur de Florida para apuntar a haitianos que pierdan su estatus.
Incluso antes de esta decisión, la administración Trump ya había deportado ilegalmente a haitianos, incluido un residente de Marathon que fue devuelto a EE.UU. dos semanas después. La ley federal protege explícitamente a los titulares de TPS de la deportación mientras la designación esté vigente.
En marzo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para obligar al DHS a mantener y extender el TPS para Haití. La representante Ayanna Pressley forzó la votación mediante una petición de descarga. Además, más de una docena de senadores demócratas, incluido Chuck Schumer, presentaron una legislación para designar a Haití para TPS. Sin embargo, el Senado controlado por el Partido Republicano enfrenta una batalla cuesta arriba.
El viernes, la representante Debbie Wasserman Schultz anunció en Sunrise la introducción de la Ley de Revisión de TPS, que permitiría un mayor alcance de revisión judicial y otorgaría al Congreso la capacidad de revertir terminaciones de TPS mediante votación. Kurzban instó a los titulares de TPS y sus familiares ciudadanos a movilizarse para presionar a los senadores.
«Las próximas elecciones de medio término son cruciales a la luz de la decisión de la Corte de cerrar la puerta de los tribunales en la cara de todos los titulares de TPS», dijo Kurzban. «Los más de un millón de titulares de TPS a quienes se les quitó su estatus deben instar a sus familiares ciudadanos a votar para sacar a todos los republicanos que aceptaron en silencio las horribles políticas de Trump».
El abogado Mark Prada aconseja que los beneficiarios de TPS afectados por el fallo «consigan abogados, ante todo». Muchos titulares tienen órdenes de deportación previas y su TPS era lo único que los protegía. El sistema de asilo no siempre cubre los casos de peligro general en sus países de origen, y el TPS fue creado precisamente para llenar esos vacíos.
Mientras tanto, el DHS celebró la decisión y su consejero general, James Percival, afirmó que el TPS «siempre fue temporal y puede cancelarse en el momento adecuado». La comunidad haitiana del sur de Florida ahora enfrenta un futuro incierto, dependiendo de los próximos pasos judiciales y legislativos.
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