El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que ha conmocionado a la comunidad haitiana en el sur de Florida. Con un fallo de 6 a 3, los jueces dieron luz verde a la administración Trump para eliminar las protecciones contra la deportación y los permisos de trabajo de más de 350,000 haitianos y sirios con Estatus de Protección Temporal (TPS).
La decisión, redactada por el juez Samuel Alito, sostiene que los tribunales no pueden revisar las determinaciones del poder ejecutivo sobre el TPS a menos que se aleguen violaciones constitucionales. Esto deja a miles de personas en una situación de vulnerabilidad extrema, especialmente aquellos que residen en Florida, el estado con la mayor población de beneficiarios de TPS en el país.
Según el Congressional Research Service, al 31 de marzo de 2025, Florida albergaba a aproximadamente 404,000 beneficiarios de TPS, de los cuales el 36% son haitianos y el 57% venezolanos. Con este fallo, los haitianos ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados a un país sumido en violencia de pandillas, hambre generalizada e inestabilidad política.
El abogado de inmigración con sede en Miami, Mark Prada, advierte que la aplicación de la ley de inmigración se intensificará en el sur de Florida. “Los beneficiarios de TPS afectados necesitan conseguir abogados, ante todo”, dijo Prada. También expresó su preocupación por aquellos que ya tienen órdenes de deportación previas, ya que el TPS era lo único que los protegía.
La disidencia, escrita por la jueza Elena Kagan y respaldada por las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor, calificó el fallo como una decisión que deja a los tribunales “impotentes para intervenir” incluso cuando el Departamento de Seguridad Nacional viola la ley federal. Kagan señaló que las declaraciones del presidente Trump mostraban un “propósito discriminatorio racial” en la toma de decisiones.
Mientras tanto, en el Congreso, varios legisladores han tomado medidas. En marzo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para mantener y extender el TPS de Haití, impulsado por la representante Ayanna Pressley. Por su parte, la representante de Florida, Debbie Wasserman Schultz, anunció el viernes en una conferencia de prensa en Sunrise la introducción de la TPS Review Act, que permitiría una revisión judicial más amplia y daría al Congreso la capacidad de revertir las terminaciones del TPS mediante votación.
“Los próximos comicios de medio término son cruciales a la luz de la decisión de la Corte de cerrar la puerta de los tribunales a todos los titulares de TPS”, declaró el veterano abogado Ira Kurzban, cuyo bufete representa a los demandantes haitianos. “Los más de un millón de titulares de TPS a quienes se les ha quitado su estatus deben instar a sus familiares ciudadanos a votar en contra de todos los republicanos que apoyaron en silencio las horribles políticas de Trump”.
Por ahora, las protecciones del TPS para haitianos y sirios permanecen vigentes hasta 32 días después de que la Corte Suprema emita su mandato a los tribunales inferiores. Los afectados deben buscar asesoría legal de inmediato, ya que la próxima batalla se centrará en los reclamos constitucionales que aún pueden ser presentados.
La administración Trump ya había logrado eliminar el TPS para más de 500,000 venezolanos el año pasado, y este nuevo fallo allana el camino para futuras terminaciones, dejando a otras nacionalidades con TPS en una situación precaria.
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