En una reunión cargada de emotividad el jueves, los comisionados de Miami escucharon un torrente de oposición al acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Más de 50 personas se pronunciaron en contra del programa que permite a agentes locales actuar como federales en materia migratoria, dejando a un comisionado que huyó de la persecución política en Cuba con lágrimas en los ojos.
La audiencia coincidió con la decisión de la Corte Suprema que allana el camino para eliminar las protecciones del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 haitianos y 6,000 sirios. En Florida, hogar de más de un tercio de los haitianos con TPS, esta medida podría exponerlos a detenciones y deportaciones hacia un país caribeño sumido en violencia y hambruna.
Florida lidera la nación con 375 acuerdos 287(g) activos, como resultado del impulso del gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier, quienes han amenazado con destituir a funcionarios locales que rechacen colaborar. Ejemplos recientes son Fort Myers y Key West, que revirtieron su postura tras las advertencias.
Durante el período de comentarios públicos, María Rodríguez, de Florida Rising Together, advirtió: “Estos agentes están persiguiendo familias, creando viudas y huérfanos de la deportación. Cargarán con eso en su conciencia. Dentro de décadas, será visto con vergüenza”.
Renata Bozzetto, directora adjunta de la Coalición de Inmigrantes de Florida, instó a los no inmigrantes a despertar: “Para aquellos vecinos que no son inmigrantes, que creen que no les afecta, es hora de abrir los ojos”. Arianne Betancourt, activista comunitaria, recordó que gracias a su trabajo con familias de detenidos sabe exactamente “dónde terminan las personas por el acuerdo 287(g)”.
El panorama en Miami ha cambiado desde que el acuerdo se aprobó en junio de 2025 por 3 votos a 2. Ahora, la nueva alcaldesa Eileen Higgins, crítica del programa, y el recién electo comisionado Rolando Escalona, han mostrado disposición a revertirlo. Escalona, republicano que llegó de Cuba hace 12 años, visiblemente conmovido, relató: “Hace siete meses nacieron mis mellizos. Dos semanas después fui a sacarles pasaporte porque tenía miedo. Y soy ciudadano estadounidense. Creo que estamos yendo demasiado lejos”.
Los comisionados Christine King, Rolando Escalona y Damian Pardo declararon abiertamente que apoyarían la salida del programa si es legalmente viable. King afirmó: “$7.5 millones vale salvar una vida, una familia. Lo resolveremos de alguna manera”.
El abogado de la ciudad, George Wysong, advirtió que el gobernador y el fiscal general podrían tomar represalias, incluyendo la pérdida de aproximadamente $7.5 millones anuales en fondos estatales. Sin embargo, el administrador municipal James Reyes intentó calmar los temores asegurando que la policía de Miami no realiza perfiles ni pregunta sobre estatus migratorio, y que solo dos detectives están entrenados bajo 287(g), actuando solo cuando es necesario. “El estatus migratorio no ha influido en ninguna acusación o detención desde que se firmó el acuerdo”, dijo.
No obstante, Escalona subrayó que el verdadero problema es “el miedo que vemos en nuestra comunidad”. La confianza erosionada entre los inmigrantes y la policía es un punto recurrente entre los opositores, quienes recuerdan casos como el arresto de ciudadanos estadounidenses por la Patrulla de Carreteras de Florida.
La alcaldesa Higgins, quien está fuera del país por la Semana de Acción Climática de Londres, fue criticada por no asistir a la reunión. Thomas Kennedy, de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo que Higgins fue elegida con un “mandato en inmigración” y “un rechazo a la aplicación federal de inmigración”, pero “no solo se niega a poner este tema en la agenda, sino que ni siquiera se presenta”. Higgins no respondió a las solicitudes de comentarios.
Aunque la comisión no tomó ninguna acción oficial el jueves, la mayoría de los comisionados se mostró a favor de abandonar el acuerdo si es legal. Sin embargo, el precedente de Fort Myers y Key West, sumado a las leyes de “ciudades santuario” de Florida, anticipa un posible enfrentamiento con el estado. Una demanda previa de la ciudad de South Miami fue desestimada, pero el alcalde señaló que durante las audiencias los abogados de DeSantis indicaron que no todo municipio debe colaborar siempre que no adopte una postura de oposición.
Mientras tanto, afuera del ayuntamiento, organizaciones de derechos de inmigrantes sostenían carteles con frases como “Solidaridad derrite ICE” y “Bloquea 287(g)”. El llamado es claro: la lucha por el alma de Miami, una ciudad mayoritariamente inmigrante, apenas comienza.
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