La última gran fuerza guerrillera de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha evolucionado hasta convertirse en una organización criminal armada binacional profundamente arraigada en territorio venezolano, con el respaldo del régimen de Nicolás Maduro, según una investigación reciente. El informe argumenta que las suspendidas conversaciones de paz con esta insurgencia tenían pocas probabilidades de éxito.
El reporte, «Peace Never Had a Chance: Colombia’s ELN in Venezuela», publicado por InSight Crime, sostiene que el ELN ha expandido sus finanzas, control territorial e influencia política a través de la frontera, construyendo lo que los investigadores describen como «un estado paralelo» dentro de Venezuela. Sus hallazgos sugieren que el grupo ya no es simplemente un movimiento rebelde colombiano, sino un actor transnacional con poderosos incentivos para preservar el statu quo.
La investigación destaca una escalada decisiva en enero de 2025 en Catatumbo, una región en la frontera noreste de Colombia. Según el informe, hasta 200 combatientes del ELN cruzaron desde Venezuela para lanzar un asalto coordinado contra disidentes de las FARC, matando a más de 100 personas y desplazando a unas 50,000. Este ataque efectivamente puso fin a los diálogos de paz del presidente colombiano Gustavo Petro.
Catatumbo es clave tanto estratégica como económicamente. La región alberga unas 55,000 hectáreas de coca, que podrían generar aproximadamente $600 millones anuales a nivel de cultivo y hasta $10,000 millones una vez exportados. El ELN ha pasado de gravar la producción de coca a dirigir laboratorios, gestionar corredores de tráfico y coordinar exportaciones mediante redes financieras ilícitas, equiparándose en ingresos y alcance operativo con carteles de drogas de mediano tamaño.
La consolidación del ELN en Venezuela no habría sido posible sin el apoyo o la aquiescencia de altos funcionarios venezolanos. El informe describe una relación simbiótica basada en la alineación ideológica, el reparto de ganancias y los intereses de seguridad compartidos. Oficiales y funcionarios venezolanos se beneficiarían de los ingresos vinculados al contrabando, la minería ilegal y el narcotráfico.
En estados venezolanos como Apure y Táchira, el ELN opera como un gobierno de facto. El grupo impone toques de queda, regula el comercio y el transporte, opera sistemas judiciales informales y cobra impuestos —incluyendo un 5% de los contratos públicos en algunos municipios. Además, media disputas, distribuye alimentos y paga salarios en regiones donde las instituciones estatales han colapsado.
El informe concluye que la iniciativa de «Paz Total» de Colombia subestimó cuánto se ha transformado el ELN. Cualquier acuerdo requeriría que la organización renunciara a la autoridad territorial, los ingresos criminales y la influencia política, concesiones que tiene poco incentivo para hacer.
«Colombia necesita entender que el ELN ya no es solo un grupo guerrillero colombiano; ahora es una organización binacional. Esto significa que para desmantelarlo, debe haber una acción decisiva desde ambos lados de la frontera», declaró Julio Borges, político opositor venezolano, al informe.
La investigación también advierte que las acciones recientes de Estados Unidos —incluyendo despliegues navales y ataques a presuntos buques narcotraficantes— podrían alimentar la escalada. Una transición lejos del gobierno de Maduro no debilitaría necesariamente al ELN; de hecho, la fragmentación interna y la dependencia de rentas ilícitas podrían intensificar la competencia por territorio y recursos.
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