En un desarrollo significativo seis décadas después de que el gobierno de Fidel Castro confiscara todas las propiedades privadas en Cuba, la Corte Suprema de EE.UU. ha aceptado escuchar dos casos que involucran demandas contra empresas cubanas y cuatro importantes líneas de cruceros con base en Florida acusadas de traficar con propiedades confiscadas.
Mediante una orden breve y sin firma el viernes, la Corte Suprema acordó revisar los casos presentados por la petrolera Exxon y Havana Docks —una empresa que tenía una concesión para las instalaciones portuarias de La Habana— relacionados con la Ley Libertad de 1996, conocida como Ley Helms-Burton. Una provisión en esta ley permite a ciudadanos estadounidenses que tienen reclamos sobre propiedades confiscadas por el gobierno cubano sin compensación buscar daños de empresas que se han beneficiado o «traficado» en dichas propiedades.
Exxon fue la primera empresa estadounidense en demandar a empresas estatales cubanas, Cimex y Unión Cuba-Petróleo en 2019, por la explotación de estaciones de servicio confiscadas. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones de Washington, D.C. dictaminó que las entidades cubanas no podían ser demandadas debido a inmunidad extranjera.
En 2022, un juez federal ordenó a las líneas de cruceros Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian pagar más de $400 millones en daños a Havana Docks. Las instalaciones portuarias, algunas construidas por Havana Docks, fueron expropiadas sin compensación en 1960. No obstante, la Corte de Apelaciones del 11° Circuito anuló el fallo, argumentando que la empresa no tenía interés en la propiedad al momento del presunto tráfico.
El hecho de que la Corte Suprema haya acelerado estos casos, que involucran un tema estrecho de política exterior, es notable, según John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía EE.UU.-Cuba. «No es un buen día para la administración de Miguel Díaz-Canel«, afirmó.
La petición de Havana Docks, coescrita por Christopher Landau, actual subsecretario de Estado de EE.UU., argumenta que la corte de apelaciones socavó «un pilar de las sanciones económicas de EE.UU. contra Cuba».
Cinco miembros del Congreso de Florida —Sen. Rick Scott y Reps. Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, María Elvira Salazar y Carlos Giménez— escribieron que «el fallo buscado para ser revisado trastorna la Ley Libertad y socava la política exterior de nuestra nación sobre Cuba».
La Corte Suprema decidirá si los demandantes deben probar que actualmente tendrían propiedad o interés en la propiedad de no haber sido confiscada, una visión que, de sostenerse, podría bloquear a otros reclamantes con derechos limitados en el tiempo. También, en el caso de Exxon, si las empresas estatales cubanas pueden evadir responsabilidad bajo la Ley Helms-Burton alegando inmunidad soberana extranjera.
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