Una audiencia celebrada el lunes puso sobre la mesa un tema espinoso para la Comisión del Condado de Miami-Dade: ¿Quién tiene la autoridad para investigar a los propios comisionados?
Una legislación para ampliar los criterios de quién puede ser contratado como inspector general avanzó en una audiencia comité, lo que significa que será sometida a votación ante la junta completa de 13 comisionados más adelante este año. Sin embargo, el debate se calentó, con comisionados discutiendo si deben reescribir las reglas para un puesto que recientemente lanzó una investigación que tiene a un excomisionado enfrentando tiempo en prisión y que actualmente investiga una caridad vinculada a un comisionado en funciones.
“Todos hablamos de que estamos en contra de la corrupción y el fraude”, dijo la comisionada Raquel Regalado, oponiéndose a la mayoría de los cambios propuestos a la ley actual del condado sobre cómo seleccionar al inspector general. “Esta es una oportunidad para votar de esa manera”.
Otros comisionados calificaron las objeciones como no basadas en la realidad, dado que el cambio propuesto expandiría los criterios de contratación para permitir que personas con experiencia gubernamental más amplia postulen al cargo.
El inspector general actual, Felix Jimenez, es un ex detective de homicidios, pero los partidarios de los cambios señalan que gran parte del trabajo de su oficina se centra en los detalles del gasto gubernamental, incluidos contratos y compras. La ley actual del condado requiere un antecedente legal o de aplicación de la ley para un inspector general, y los cambios propuestos agregarían administrador gubernamental, contador y auditor a la lista de criterios de contratación, siempre que un solicitante también tenga experiencia supervisando investigaciones.
“No entiendo la oposición”, dijo la comisionada Danielle Cohen Higgins en la audiencia ante el Consejo de Políticas, un comité dirigido por el presidente de la Comisión, Anthony Rodriguez. “No veo cómo hay una narrativa sobre la reducción de los estándares para quién puede potencialmente servir como nuestro inspector general. Lo veo como lo opuesto”.
La Oficina del Inspector General es el brazo investigador del gobierno del condado. La oficina de Jimenez lanzó la investigación que resultó en cargos criminales contra el entonces comisionado Joe Martinez en 2022. Su oficina también confirmó recientemente que había iniciado una investigación sobre la A3 Foundation, una caridad utilizada por la oficina de Rodriguez como centro de distribución para fondos del condado presupuestados para un rodeo que organiza cada año en su distrito.
Los detalles de la investigación no se conocen, pero la Oficina del Fiscal del Estado de Miami-Dade dijo el año pasado que no podía liberar registros relacionados con la A3 Foundation porque eran parte de una investigación.
Jimenez, en el puesto desde 2020, vio expirar su primer contrato de cuatro años en 2024, y una votación para su renovación está siendo retenida por el patrocinador de la legislación sobre las reglas de contratación, el comisionado Oliver Gilbert. Antes de considerar otros cuatro años para Jimenez, Gilbert dijo que quería que los comisionados llegaran a un consenso sobre las reglas y procedimientos de contratación para el puesto.
En la audiencia del lunes, Gilbert llamó a Jimenez al micrófono para defender una declaración que había emitido criticando los cambios propuestos. Jimenez, en parte, criticó la propuesta de Gilbert de incluir a un comisionado en el panel que recomienda un candidato a inspector general para que la comisión acepte o rechace.
Mientras Jimenez sugirió que el cambio representaría un conflicto, dado que el inspector general a veces realiza investigaciones de comisionados, Gilbert señaló que la ley del condado ya les da a los comisionados un poder significativo sobre la oficina de Jimenez.
“Entonces, ¿debo creer que la junta que tiene la capacidad de contratarte, te financiamos y te despedimos si elegimos, que tener un miembro en un comité de selección era más interferencia que la amenaza de terminación?”, dijo Gilbert.
El comisionado accedió a retirar su propuesta de poner a un comisionado en el panel de selección. Pero se negó a alterar su propuesta de expansión de los criterios de contratación, diciendo que las reglas actuales de Miami-Dade son mucho más restrictivas que lo que la mayoría de los gobiernos en Florida requieren para sus inspectores generales.
“No es que no quiera experiencia en aplicación de la ley”, dijo Gilbert. “No creo que deba pesar más que todo lo demás”.
En su breve interrogatorio por parte de Gilbert, Jimenez no tuvo la oportunidad de explicar su oposición a la propuesta. Cuando Jimenez intentó ampliar una respuesta mientras el comisionado pasaba a otro tema, Gilbert lo interrumpió y dijo: “Así no funciona esto”.
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