La política migratoria del expresidente Donald Trump ha generado alerta en el condado Miami-Dade, donde el 60% de la fuerza laboral está compuesta por inmigrantes. Según datos del U.S. Census Bureau, más de 1.47 millones de personas en la comunidad inmigrante local no tienen ciudadanía estadounidense.
La Cámara de Comercio del Gran Miami y la Universidad Internacional de Florida lanzaron una encuesta anónima para medir cómo las políticas migratorias afectan a las empresas. Alfred Sánchez, CEO de la Cámara, destacó: «Lo que es legal hoy podría no serlo mañana», refiriéndose al temor de perder trabajadores calificados.
Construcción, agricultura y servicios serían los más afectados por deportaciones masivas, según Romy Moreno de la America Business Immigration Coalition. Peter Dyga, de Associated Builders and Contractors, advirtió que una posible deportación de 20 millones de personas impactaría la mano de obra local.
El proyecto de ley HB 955, que exigía verificación migratoria incluso para empresas con menos de 25 empleados, fue rechazado en 2023. Sin embargo, empresas pequeñas siguen en la mira por posibles cambios regulatorios.
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