En un movimiento que marca la agenda tecnológica y energética del país, el expresidente Donald Trump anunció durante su discurso del Estado de la Unión nuevos acuerdos con grandes empresas de tecnología. El objetivo es claro: que estas compañías asuman los costos de energía de sus centros de datos de inteligencia artificial construyendo sus propias plantas de energía.
“Les estamos diciendo a las principales empresas tecnológicas que tienen la obligación de satisfacer sus propias necesidades de energía. Pueden construir sus propias plantas de energía como parte de su fábrica, para que los precios de nadie aumenten”, afirmó Trump.
Esta declaración llega en un momento crítico, mientras la Legislatura de Florida avanza con regulaciones estatales para estos centros de datos, en lo que parece un desacuerdo directo con la visión federal de Trump.
A pesar de la presión de la administración Trump por un estándar nacional “mínimamente oneroso”, Florida se prepara para seguir su propio camino. El Senado de Florida tenía previsto tomar este miércoles un proyecto de ley que establece requisitos de tarifas y servicios para los centros de datos. Paralelamente, un comité de la Cámara de Representantes estatales avanzó el martes un proyecto de ley complementario.
La postura de Florida podría poner al estado en la mira de Trump. En una orden ejecutiva firmada en diciembre, el expresidente amenazó con limitar las subvenciones federales a aquellos estados que promulguen leyes que entren en conflicto con sus políticas.
El conflicto se evidencia incluso dentro del mismo partido en Florida. Mientras el Presidente de la Cámara de Representantes, Daniel Pérez (Republicano por Miami), ha coincidido públicamente con Trump en dejar el asunto al gobierno federal, el Gobernador Ron DeSantis impulsa las regulaciones a nivel estatal.
Todavía no está claro cómo podrían aplicarse las regulaciones que contempla Florida a los acuerdos anunciados por Trump. La incertidumbre se centra en si los nuevos “centros de datos” que incluyan sus propias plantas de energía podrían verse afectados por las restricciones de zonificación propuestas por el estado.
Este enfrentamiento entre la visión federal de Trump y la autonomía legislativa de Florida define una nueva batalla en la intersección entre tecnología, energía y política, con implicaciones directas para la economía y las facturas de luz de los ciudadanos.
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