La jueza federal Kathleen Williams, del Distrito Sur de Florida, dictaminó este lunes que la demanda del presidente Donald Trump contra el IRS fue “presentada con un propósito impropio”: otorgar legitimidad judicial al acuerdo que su propio Departamento de Justicia negoció para beneficiar al mandatario, su familia y sus empresas.
El fallo, de 56 páginas, anula de facto el pacto que creaba un fondo de 1.800 millones de dólares para supuestas víctimas de “armamentización gubernamental” y otorgaba inmunidad tributaria sin precedentes a los Trump.
La magistrada determinó que el litigio entre Trump y el IRS fue “colusivo” y “no adversarial”, pues ambas partes actuaron como un solo interés. “Este caso es parte del patrón de Trump de usar los tribunales para fines políticos”, citó Williams en su orden.
En enero, Trump y su hijo Eric Trump demandaron al IRS por $10.000 millones tras la filtración de sus declaraciones fiscales por parte del contratista Charles Littlejohn. Pero antes de que el caso avanzara, el Departamento de Justicia anunció un acuerdo: ni un centavo para Trump, sino un fondo “anti-armamentización” y un cierre del caso.
El acuerdo también incluía una orden para que el IRS detuviera todas las auditorías pendientes contra los Trump, lo que la jueza calificó como “inmunidades y miles de millones en dinero fiscal por agravios legalmente indefinidos”.
Blanche respaldó inicialmente el fondo, pero luego retrocedió ante la indignación bipartidista en Washington. No obstante, la inmunidad fiscal aún sigue vigente, aunque la sentencia de Williams permite al IRS reanudar las auditorías.
Fueron 35 ex jueces federales quienes solicitaron a Williams reabrir el caso, argumentando que el tribunal fue engañado. “Las partes usaron esta demanda para otorgar miles de millones de dólares sin autorización constitucional y dar beneficios privados ilegales al presidente”, señalaron.
La jueza coincidió: “El poder de resolver esta disputa fiscal nunca estuvo ante esta Corte. La respuesta es un rotundo ‘no’”.
La decisión podría llegar hasta la Corte Suprema, pero por ahora impide que Trump o sus abogados usen el acuerdo en otros procesos. Además, refuerza la idea de que el sistema judicial no puede ser usado como herramienta política.
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