La sucesión de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo (BCE) se ha convertido en una prueba de creatividad política y económica. Con la deuda francesa bajo escrutinio y un déficit que supera el 5% del PIB, el nuevo líder deberá diseñar mecanismos que estabilicen los mercados sin generar dependencia excesiva. La analogía médica es clara: el uso reiterado de intervenciones de emergencia puede crear resistencia, pero prohibirlas sería contraproducente.
La carrera por el cargo se acelera con dos candidatos principales. España ha postulado a Pablo Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales, mientras que Países Bajos respalda a Klaas Knot, exgobernador de su banco central. Ambos poseen credenciales sólidas y enfrentan obstáculos políticos manejables. De Cos sería el primer español en dirigir la institución, aunque su elección podría abrir la puerta del BPI a un perfil no europeo. Por su parte, Knot reforzaría las aspiraciones francesas para el puesto de economista jefe, pero añadiría un tercer neerlandés al Consejo de Gobierno.
El desafío central radica en cómo manejar las turbulencias de los bonos de Francia. La deuda a diez años del país cotiza aproximadamente 150 puntos básicos por encima de la alemana. Aunque esta brecha es inferior a los 600 puntos básicos que sufrieron Italia y España durante la crisis del euro, sigue siendo motivo de preocupación. El Instrumento para la Protección de la Transmisión (TPI), creado en 2022, solo asiste a naciones que cumplen las normas presupuestarias de la Unión Europea, condición que Francia no satisface actualmente debido a su bloqueo político interno.
Un rescate tradicional, similar al programa de Mario Draghi, resulta inviable por el tamaño de la economía francesa. Además, la posibilidad de que Marine Le Pen llegue a la presidencia en abril complica el panorama. Los mercados de apuestas favorecen a De Cos, visto como un tecnócrata pragmático, pero Knot ha ganado terreno al sugerir la creación de nuevos instrumentos. Esta propuesta ha sido criticada por expertos como John Cochrane, quien advierte sobre el riesgo moral de garantizar un rescate a París.
Sin embargo, un banco central debe controlar los costes de financiación para aplicar su política monetaria eficazmente. En una unión monetaria sin un tesoro centralizado, es vital que los rendimientos de los bonos de los distintos países no diverjan excesivamente. Lagarde aprendió esta lección en 2020, cuando sus declaraciones sobre no reducir diferenciales provocaron pánico. Una austeridad abrupta podría agravar la inestabilidad política en Francia, dañar el crecimiento del PIB y hacer incumplibles las metas de déficit.
La solución podría pasar por una flexibilidad calculada. Se baraja activar programas de apoyo cuando un país esté bajo procedimiento por déficit excesivo, siempre que continúe implementando reformas, o reinterpretar las reglas del TPI con mayor amplitud. El objetivo es tranquilizar a los inversores mientras se obliga a París a reconstruir su base tributaria gradualmente. La mera expectativa de una intervención creíble, como la que ofreció Draghi en 2012, podría ser suficiente para evitar una espiral de inestabilidad.
Con información de Economía en EL PAÍS. Foto: Europäische Kommission – Audiovisueller Dienst, Claudio Centonze, Yüge / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)
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