DeSantis y Trump bajo presión: el controvertido centro ‘Alligator Alcatraz’ podría cerrar por costos y denuncias

El futuro del centro de detención en los Everglades pende de un hilo

La Administración del gobernador Ron DeSantis se encuentra en conversaciones preliminares con el gobierno federal para cerrar el polémico centro de detención conocido como “Alligator Alcatraz”, según un informe del The New York Times citando fuentes anónimas. La instalación, ubicada en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ha sido foco de controversia desde su apertura el verano pasado por sus elevados costos operativos y repetidas acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Altos costos que agotaron millones en meses

Cuando el centro abrió, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) estimó que su operación anual costaría $450 millones. El gobierno federal prometió reembolsar a la administración estatal los gastos de transformar las 6,000 acres en un campamento temporal de tiendas de campaña. Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comprometió $608 millones a través de un programa de subvenciones para detención, pero en documentos judiciales los funcionarios federales enfatizaron que aún no habían realizado ningún pago de reembolso y solo pagarían el costo por detenido, dejando a los contribuyentes de Florida cualquier gasto relacionado con la construcción.

Registros obtenidos por grupos ambientalistas revelan que, en los primeros meses de operación, la administración DeSantis gastó $390 millones mediante contratos sin licitación. De acuerdo con los documentos, el estado tenía planeado gastar más de $1,000 millones de dólares de los contribuyentes. Paradójicamente, el mes pasado, en un caso por la Primera Enmienda presentado por detenidos, el estado argumentó que no podía cumplir con una orden judicial para comprar nuevos teléfonos para los reclusos por ser demasiado costoso.

Negaciones federales y presión de activistas

Un portavoz del DHS declaró el jueves que “cualquier informe que indique que el DHS está presionando al estado para cesar operaciones en Alligator Alcatraz es falso”, y añadió que “Florida sigue siendo un socio valioso en la agenda migratoria del presidente Trump”. Sin embargo, ni la División de Manejo de Emergencias de Florida ni la oficina del gobernador respondieron a las solicitudes de comentarios sobre un posible cierre.

Grupos ecologistas, defensores de derechos humanos y familias de los detenidos han exigido desde el verano pasado el cierre del lugar, denunciando abusos y daños a los humedales de los Everglades. Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, señaló: “Este oscuro capítulo en la historia de los Everglades no puede terminar lo suficientemente pronto”. La organización está demandando al estado y al gobierno federal por no haber seguido las regulaciones ambientales al construir el centro.

Reacciones y próximos pasos

Mientras el Times reporta que algunos contratistas privados tienen dificultades para cubrir los costos operativos en medio del pantano, los grupos ambientalistas han acogido con optimismo la posibilidad de un cierre. “No vamos a quitar el pie del acelerador; presentaremos más reclamos contundentes en la corte federal”, advirtió Samples. El único remedio aceptable, insisten, es “cerrar Alligator Alcatraz y remediar completamente el daño causado”.

Por ahora, la controversia sigue escalando entre los intereses económicos, la agenda migratoria de la administración Trump y las demandas de justicia ambiental y derechos humanos.