EE.UU. impone sanciones a la empresa militar cubana GAESA y provoca la suspensión de Sherritt

Presión diplomática y económica sobre La Habana

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el jueves sanciones contra el general que dirige el mayor conglomerado militar de Cuba, GAESA, y contra una empresa cubana involucrada en una empresa conjunta con la minera canadiense Sherritt International. Estas medidas son las primeras derivadas de una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump la semana pasada.

Horas antes, Sherritt había comunicado la suspensión de sus operaciones en Cuba, donde extrae níquel y cobalto, debido a la orden ejecutiva que amenaza con sanciones a empresas cubanas y extranjeras que operen en sectores clave de la isla, incluida la minería. La medida apunta a forzar al gobierno cubano a negociar reformas económicas y políticas con la administración Trump.

Detalles de las sanciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó en un comunicado la inclusión de GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.) y su presidenta, Gral. Ania Guillermina Lastres Morera, en la lista negra del Tesoro de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas”. GAESA y sus subsidiarias controlan gran parte de la economía cubana, incluyendo el turismo.

“GAESA, una empresa paraguas controlada por los militares cubanos, es el corazón del sistema kleptocrático comunista de Cuba”, declaró Rubio.

Según el secretario, “mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y falta de inversión en infraestructura crítica, gran parte de los ingresos de GAESA se desvían a cuentas bancarias en el extranjero”. Rubio agregó que, según estimaciones recientes, los ingresos de GAESA podrían triplicar el presupuesto del Estado y controlar hasta $20 mil millones en activos ilícitos, en referencia a una investigación del Miami Herald que reveló activos por $18 mil millones en marzo de 2024.

Además, Moa Nickel S.A., empresa conjunta entre Sherritt International y la estatal Compañía General de Níquel, fue sancionada por “lucrarse con activos que fueron expropiados por el régimen cubano a personas y corporaciones estadounidenses”. Las sanciones implican la prohibición de transacciones con estas entidades y el bloqueo de sus activos en EE.UU., y advierten a instituciones financieras extranjeras que mantengan cautela.

Reacción inmediata de Sherritt

Antes del anuncio del Departamento de Estado, Sherritt comunicó la suspensión de su participación directa en actividades conjuntas en Cuba, retirando a todos sus empleados extranjeros de la isla y pidiendo a sus empleados cubanos que abandonaran Canadá. La empresa señaló que, si bien no ha sido designada formalmente, la orden ejecutiva “crea condiciones que alteran materialmente su capacidad para operar”.

John Kavulich, presidente del Consejo de Comercio y Economía EE.UU.-Cuba, calificó la decisión como significativa: “Las meras amenazas de la orden ejecutiva de Trump fueron suficientes para provocar una desvinculación proactiva. Pocas empresas llenarán el vacío”. La minera canadiense operaba en Cuba desde 1991 en instalaciones expropiadas por el gobierno de Fidel Castro a la estadounidense Freeport Sulphur Company, con una reclamación certificada por $88.3 millones.

Próximos pasos

Rubio advirtió que “se esperan nuevas designaciones en los próximos días y semanas” como parte de una campaña integral para abordar las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen cubano. La administración Trump busca forzar cambios en La Habana, mientras Sherritt se une a otras empresas que han reducido su presencia en la isla debido al recrudecimiento del embargo.