La administración del gobernador Ron DeSantis estaría en conversaciones con el gobierno federal para cerrar ‘Alligator Alcatraz’, el centro de detención estatal para inmigrantes ubicado en los Everglades, según un nuevo informe de The New York Times publicado este jueves. Fuentes anónimas indicaron que las negociaciones se encuentran en una etapa preliminar debido a los altos costos de operación de esta instalación, la primera de su tipo administrada por un estado.
Cuando el centro abrió el verano pasado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) estimó que su operación costaría $450 millones anuales. El gobierno federal se comprometió a reembolsar a la administración DeSantis los gastos relacionados con la transformación de 6,000 acres del Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier en un centro de detención temporal con tiendas de campaña.
Posteriormente, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) asignó $608 millones de un programa de subvenciones para detención al estado de Florida. Sin embargo, en documentos judiciales, funcionarios federales enfatizaron que aún no han realizado ningún pago de reembolso y que solo pagarían el costo por detenido, dejando a los contribuyentes floridanos cubrir los gastos de construcción.
Registros obtenidos por grupos ambientalistas revelan que, en los primeros meses de operación, la administración DeSantis gastó $390 millones y tenía previsto destinar más de $1,000 millones de fondos estatales. La División de Manejo de Emergencias de Florida, que supervisa las operaciones del centro, y la oficina del gobernador no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre un posible cierre. Tampoco lo hizo el DHS.
Tras gastar millones en erigir y operar el sitio mediante contratos sin licitación, la administración estatal mostró preocupación por los costos. El mes pasado, en un caso de Primera Enmienda presentado por detenidos en la instalación, el estado argumentó que no podía cumplir con una orden judicial que exigía comprar nuevos teléfonos para los reclusos debido al alto costo.
El Times informó que algunos contratistas privados han tenido dificultades para adelantar los costos de operación del sitio, ubicado en medio de los Everglades.
Desde el verano pasado, grupos ambientalistas, defensores de derechos humanos y familias de los detenidos han exigido el cierre del centro, denunciando abusos a los derechos humanos y daños a los humedales circundantes de los Everglades. Tanto el estado como el gobierno federal han negado las acusaciones, calificándolas de “bulo”.
La posible clausura de ‘Alligator Alcatraz’ marcaría un giro significativo en la política migratoria estatal, aunque las negociaciones aún son preliminares y dependen de la voluntad de ambas partes para asumir los costos remanentes.
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