En una decisión que marca un antes y un después, la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos, con sede en Atlanta, falló el miércoles en contra de la política del gobierno de Trump que impedía a los inmigrantes indocumentados detenidos dentro del país solicitar la libertad bajo fianza. El fallo, con una votación de 2-1, declara ilegal la interpretación amplia de la administración sobre el concepto de “solicitante de admisión”, abriendo la puerta a audiencias de fianza para miles de detenidos.
A partir de ahora, los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, Alabama y Georgia podrán solicitar a un juez de inmigración ser liberados bajo fianza. Anteriormente, el gobierno de Trump aplicaba una política de detención obligatoria para quienes habían ingresado sin inspección, argumentando que eran “solicitantes de admisión” incluso si llevaban décadas en el país. La corte consideró que esta postura “no está definida por el Congreso” y que “buscar alivio de la deportación no es lo mismo que buscar admisión”.
La decisión aplica de inmediato y es vinculante en los tres estados bajo la jurisdicción del 11º Circuito, que incluyen instalaciones clave en el sur de Florida como el Centro de Detención Krome en el condado de Miami-Dade, Alligator Alcatraz en los Everglades, el Centro de Transición de Broward en Pompano Beach y el Centro de Detención Federal en Miami.
Según datos de TRAC Immigration, a principios de abril la población diaria promedio de detenidos de ICE en Florida superaba las 5,000 personas, ya sea arrestadas en el estado o traídas desde otros lugares. Muchos de ellos ahora podrán optar a una audiencia de fianza, aunque no se garantiza la liberación automática; la fianza se concede a quienes no representen un riesgo de fuga o una amenaza para la seguridad pública, y que no estén sujetos a detención obligatoria por condenas penales.
La abogada de inmigración Kenia Garcia, quien representó a los demandantes, explicó: “Trump hizo esto porque la disposición de una persona a luchar su caso en detención disminuye significativamente si no sale bajo fianza, no puede reunirse con su familia ni pagar el alquiler. Es otra forma de presionar para que abandonen el país voluntariamente”. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) argumentó el caso ante la corte.
En el centro de la apelación estaban los casos de dos hombres mexicanos detenidos en múltiples instalaciones del sur de Florida, incluyendo Alligator Alcatraz, Krome y el centro de detención federal de Miami. Ambos habían vivido en Estados Unidos durante varios años y fueron detenidos durante controles de tráfico. A través de peticiones de habeas corpus lograron audiencias de fianza y fueron liberados, pero el gobierno de Trump apeló. La corte ratificó el derecho a esas audiencias.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió un comunicado el jueves expresando que “discrepa firmemente de la decisión del panel del 11º Circuito y confía en su posición legal respecto a la detención obligatoria”. La administración calificó la política como “el clavo en el ataúd de las políticas de captura y liberación de Biden” y afirmó que seguirá “aplicando la ley tal como fue escrita para mantener a Estados Unidos seguro”.
Expertos legales anticipan que el gobierno apelará ante la Corte Suprema, especialmente porque otros circuitos han fallado a favor de la administración. La abogada Vivianna Tijerino, también representante de los demandantes, expresó: “Estamos extremadamente emocionados. Nuestros clientes y otros no ciudadanos tendrán la oportunidad de una audiencia de fianza, algo que se les habría otorgado en otras administraciones. La emoción no es suficiente”.
La decisión no solo restaura un derecho que existió durante décadas antes de la era Trump, sino que también reconoce que los inmigrantes que han vivido en el país por años no deben ser tratados como personas recién llegadas a la frontera. Los abogados y defensores en Florida celebraron el fallo como una victoria para la unidad familiar y la justicia.
El fallo establece que los detenidos no están obligados a demostrar sin duda que serán admitidos para optar a la fianza. Como señaló la corte: “Buscar alivio de la deportación no es lo mismo que buscar admisión”. Este principio podría tener repercusiones en todo el sistema migratorio del sur de Estados Unidos.
Mientras tanto, los abogados recomiendan a los detenidos y sus familias consultar con un profesional de inmigración para preparar las solicitudes de fianza. La decisión del 11º Circuito es vinculante solo en su jurisdicción, pero sienta un precedente importante en medio de un panorama judicial dividido.
“Es otra forma de poner presión para que se vayan voluntariamente”, dijo Kenia Garcia.
El futuro inmediato dependerá de los recursos que presente el gobierno. Por ahora, miles de inmigrantes detenidos en Florida, Alabama y Georgia tienen una nueva esperanza: la posibilidad de recuperar su libertad mientras se resuelve su caso migratorio.
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