Tras el paso del huracán María, el empresario Gregor Nassief vio en el programa de ciudadanía por inversión de Dominica una oportunidad para reconstruir y hacer crecer su negocio, promocionando una villa en una de las islas más frondosas del Caribe junto con un segundo pasaporte. Siete años después, Nassief pide una comisión de investigación sobre el programa.
Asegura que años de preguntas sin respuesta sobre sus finanzas, junto con la preocupación por desarrolladores y proveedores de servicios que ofrecen ciudadanía a precios muy por debajo del precio legal, están erosionando la confianza pública y privando al país de ingresos.
“El problema clave es que la ciudadanía se ha vendido con descuento”, declaró Nassief. “Eso es contrario a la ley y a las regulaciones.”
“He suplicado y rogado al país que detenga esto por el daño que le está haciendo al tesoro y por las consecuencias de eso”, añadió.
El llamado de Nassief ocurre mientras Washington y la Unión Europea intensifican la presión sobre Dominica y los otros cuatro países del Caribe con programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés). La administración Trump citó estos programas al anunciar controles de visa más estrictos para los titulares de pasaportes de países CBI. En junio, la UE solicitó formalmente que las cinco naciones caribeñas cierren sus programas antes de 2028 o pierdan el acceso sin visado al bloque.
Bajo el CBI, los extranjeros pueden obtener la ciudadanía o un “pasaporte dorado” a cambio de una inversión financiera, a veces por tan solo 100.000 dólares, en un país. En el caso de Dominica, Nassief sostiene que quienes invierten en bienes raíces también reciben el precio con descuento. A su juicio, esos descuentos han alimentado la proliferación de titulares de pasaportes de Dominica que intentan obtener acceso sin visado y han contribuido a que el país, junto con Antigua y Barbuda, figure en una lista parcial de prohibición de viaje anunciada por la administración Trump.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha sostenido durante mucho tiempo que los programas CBI carecen de una debida diligencia adecuada y representan riesgos de seguridad, porque nacionales de países restringidos pueden obtener pasaportes de terceros países no sujetos a restricciones de viaje y solicitar visas estadounidenses.
Los cinco países son: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Los gobiernos defienden que los CBI son una fuente importante de ingresos para sus pequeñas economías y afirman haber reforzado la supervisión.
Sus críticas se hicieron públicas después de que se filtrara una carta enviada el 17 de junio al primer ministro Roosevelt Skerrit y a la líder de la oposición Jesma Paul-Victor. La misiva, que circuló ampliamente en redes sociales, también fue copiada a ministros del gabinete, parlamentarios, la presidenta Sylvanie Burton, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Unidad de Ciudadanía por Inversión. Es la decimocuarta carta de este tipo que Nassief, desarrollador de las villas Secret Bay, ha escrito en los últimos siete años.
En la carta, Nassief detalla lo que califica como irregularidades, incluido cómo los precios con descuento socavan los proyectos inmobiliarios legítimos. El programa, señala, ha crecido significativamente desde 2017 y exige transparencia, un regulador independiente y una auditoría forense.
“En otras palabras, el Estado está efectivamente proporcionando la financiación a través de ciudadanías, mientras el desarrollador recibe, en sustancia, la propiedad plena de activos nacionales estratégicos para las próximas 35 a 40 generaciones”, escribió Nassief.
Nassief asegura que, después de que el huracán María azotara Dominica, la entrega de pasaportes a extranjeros se disparó. Atribuye ese aumento, en gran parte, a los descuentos ilegales que socavaban el programa oficial. Según datos de la UE citados por el empresario, el país otorgó unas 34.596 ciudadanías CBI entre 2018 y 2022, seguidas de 9.539 en 2023 y 5.484 en el primer semestre de 2024.
En total, las cifras equivalen al menos a 49.619 pasaportes emitidos entre 2018 y mediados de 2024, más que en toda la historia del programa antes de ese período.
Nassief sostiene que el modelo de gran volumen y fuertes descuentos ha drenado sistemáticamente ingresos legales del tesoro, ha canalizado miles de millones de dólares a desarrolladores externos y ha dejado al Fondo de Diversificación Económica del Gobierno, la opción de inversión directa, sin capacidad para competir.
También vincula el programa con las dificultades del Gobierno para cumplir los presupuestos aprobados por el Parlamento para servicios básicos como la gestión de residuos sólidos, el turismo, la salud y la educación. El riesgo de perder el acceso sin visado a la UE llega después de que Dominica ya perdiera el acceso sin visado al Reino Unido.
Nassief cree que el flujo sin precedentes de ciudadanos que utilizan pasaportes CBI de Dominica para entrar al Reino Unido y a la Unión Europea es la razón por la que se está produciendo la ofensiva.
“No es razonable ni aceptable que, para desarrollar Dominica, debamos romper nuestras propias leyes y entregar nuestro futuro a intereses que no están alineados con los de Dominica, bajo un velo de secreto y opacidad. Desarrollo e integridad no son, y nunca deben ser, mutuamente excluyentes”, afirmó.
“Si este curso imprudente e ilegal se ve como un medio para un fin, ¿debemos sentirnos orgullosos de que la infraestructura crítica de la isla se haya construido sobre una base de dinero ilícito, construcción ilegal y acuerdos opacos y perjudiciales?”
No es la primera vez que se plantean preguntas públicamente sobre el funcionamiento del CBI en Dominica. Una investigación de 2023 reveló que personas de Rusia, China e Irán figuran entre los nuevos ciudadanos del país gracias a los pasaportes dorados. Sus lugares de origen normalmente implicarían un control estricto antes de permitirles la entrada a la mayoría de países, pero con un pasaporte de Dominica pueden disfrutar de acceso sin visado.
La investigación destapó los nombres de aproximadamente 7.700 personas que compraron pasaportes en los últimos años a Dominica, lo que les dio acceso “por la puerta trasera” a la Unión Europea y, hasta hace poco, al Reino Unido.
Nassief, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), aseguró que al hacer estas declaraciones no actuaba ni como empresario ni como presidente de la CHTA. Durante una conferencia de prensa el viernes, dijo que estaba considerando acciones legales si sus preocupaciones no eran atendidas. “Estaríamos dispuestos a ir a los tribunales”, señaló.
“No creo que el programa sea transparente de ninguna manera”, añadió, y dijo que es “muy difícil conciliar cómo se gasta el dinero”. El primer ministro Roosevelt Skerrit no respondió a las solicitudes de comentarios.
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