Abogados alegan que no se puede formar un jurado imparcial en Miami-Dade
A menos de dos semanas de que el corredor de bienes raíces de Doral, George Pino, enfrente el juicio por su papel en un accidente de barco que mató a una adolescente y dejó discapacitada a otra, su equipo legal solicitó a una jueza que traslade el proceso a Palm Beach County u Orlando.
En una moción presentada este mes, los abogados de Pino argumentan que no existe un “jurado imparcial” en el condado de Miami-Dade debido a la amplia cobertura mediática del caso. Entre los elementos citados se encuentran reportajes de investigación publicados por medios locales, así como una extensa difusión televisiva. El juicio está programado para comenzar el 1 de junio de 2026.
Detalles del trágico accidente
En septiembre de 2022, Pino chocó su embarcación, que transportaba a 13 pasajeros, contra un marcador de canal en Biscayne Bay. Luciana “Lucy” Fernandez, de 17 años, murió en el impacto, mientras que Katerina “Katy” Puig, ahora de 21 años, sufrió lesiones cerebrales y discapacidades permanentes.
Inicialmente, los fiscales presentaron cargos menores por navegación imprudente, pero posteriormente los elevaron a homicidio por embarcación y homicidio involuntario (aunque Pino solo puede ser condenado por uno de estos delitos).
Argumentos para el cambio de sede
La defensa sostiene que la cobertura ha sido “abrumadora” y “parcial”. Según un experto en relaciones públicas contratado por el equipo legal, en Palm Beach County y Orlando se publicaron menos de dos docenas de artículos sobre el accidente desde que ocurrió hasta el 5 de mayo de 2026, lo que hace posible un juicio más imparcial en esas regiones.
La jueza Marisa Tinkler Mendez, del Tribunal de Circuito del Condado de Miami-Dade, aún no se ha pronunciado sobre la solicitud.
Implicaciones del caso
Este caso ha puesto de relieve los desafíos de garantizar un juicio justo en un entorno mediático intenso. La decisión de la jueza podría sentar un precedente sobre cómo se manejan casos de alto perfil en el sur de Florida.
El proceso judicial sigue en marcha mientras la comunidad espera respuestas.