Juez federal de Miami investiga el acuerdo de $1.8 mil millones entre Trump y el IRS
Un juez federal en Miami ha iniciado una investigación sobre las alegaciones de que Donald Trump defraudó al tribunal al demandar al IRS únicamente para forzar un acuerdo de $1.8 mil millones que compensaría a víctimas de la “armamentización del gobierno” y cerraría la puerta a reclamaciones fiscales contra el presidente, su familia y sus empresas.
La jueza Kathleen Williams, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Sur de Florida, emitió la orden el viernes pasado en un documento de cuatro páginas que amenaza con reabrir el caso, el cual Trump y su administración resolvieron la semana pasada.
La orden de la jueza
A petición de decenas de jueces federales retirados, Williams ordenó a los abogados de Trump presentar una respuesta antes del 12 de junio para refutar las alegaciones de que su demanda era un pretexto para el acuerdo, que no se hizo público hasta que Williams aceptó cerrar el caso. “El tribunal fue engañado”, señala la petición de los exjueces federales.
Antecedentes del caso
En enero, Trump y su hijo Eric Trump presentaron una demanda de $10 mil millones contra el IRS, alegando que el exempleado de la agencia, Charles “Chaz” Littlejohn, filtró sus declaraciones de impuestos a medios de comunicación en 2019 y 2020. Sin embargo, antes de que el caso avanzara, Trump solicitó el despido voluntario. Luego, el Departamento de Justicia anunció que, en lugar de que Trump recibiera un pago, obtendría una disculpa formal y que el fiscal general interino Todd Blanche lanzaría el “Fondo Anti-Armamentización”.
“Han aceptado, a cambio de la creación de este fondo, retirar su demanda pendiente con perjuicio, y también retirar dos reclamaciones administrativas, incluyendo daños por la incursión ilegal en Mar-a-Lago y el engaño de la colusión con Rusia”, dice un comunicado del DOJ.
El fondo y sus beneficiarios
El fondo repartirá pagos a personas descritas en el acuerdo como víctimas de la armamentización del gobierno. Esto generó interés entre cientos de personas indultadas por Trump por su participación en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Muchos anunciaron su intención de solicitar pagos, incluyendo a Enrique Tarrio, el exlíder de los Proud Boys de Miami, quien fue indultado por Trump después de cumplir solo tres años de su condena de 22 años. “Fui objetivo, y creo que este fondo me aplica”, declaró Tarrio.
Blanche también firmó un anexo al acuerdo que bloquea al IRS para perseguir una serie de reclamaciones contra los Trump y la Organización Trump.
La petición de los exjueces
El miércoles, 35 jueces federales retirados instaron a Williams a reabrir el caso y determinar si el esfuerzo de Trump defraudó al sistema judicial. Aunque los jueces no eran parte del litigio, señalaron que Williams podía activar un mecanismo procesal para investigar el cierre del caso y la decisión del gobierno federal de mantenerla en la oscuridad sobre el acuerdo legal. “Las partes han utilizado esta demanda como un medio para permitir que una ‘comisión’ controlada por el Presidente distribuya $1.776 mil millones de dólares de los contribuyentes sin autorización constitucional o del Congreso, y para conferir beneficios privados ilegales al Presidente y su familia”, afirmaron.
Al cerrar el caso, Williams señaló que nunca había confirmado si existía una controversia real entre Trump y el gobierno federal, y destacó que el Departamento de Justicia no le había dado ninguna indicación de un acuerdo legal. La orden del viernes también resaltó las afirmaciones de los exjueces de que los abogados de Trump supuestamente reconocieron desde el principio que la demanda era infundada y la presentaron únicamente para facilitar un acuerdo.
“La decisión de una parte de presentar una demanda frívola con el único propósito de forzar un acuerdo puede calificar como un propósito tan impropio”, se lee en la orden de Williams.

Además, el viernes, un juez en Virginia bloqueó a la administración Trump la liberación de dinero del fondo recién creado hasta que se resuelva una demanda que impugna la validez del acuerdo.