Los representantes federales Kathy Castor (Tampa) y Darren Soto (Orlando) solicitaron formalmente a las agencias federales de salud que investiguen el desvío de $10 millones de un acuerdo con el contratista de Medicaid Centene hacia la fundación Hope Florida, iniciativa estrella de la primera dama Casey DeSantis.
El gobernador Ron DeSantis defendió la acción como «apropiada» y alineada con las políticas estatales. Sin embargo, el republicano Alex Andrade acusó presuntos delitos federales, incluido lavado de dinero.
El contrato con Centene no mencionaba inicialmente a Hope Florida. Los $10 millones se transfirieron sin supervisión legislativa, violando normas estatales que exigen depósitos en fondos auditables. Expertos en Medicaid calificaron el movimiento como «irregular».
Castor y Soto alertaron que el desvío afecta a niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades que dependen de este programa, financiado mayormente por contribuyentes federales.
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