Martin Hochheiser, de 79 años, creyó que volvía a su condominio en North Miami Beach después de una breve estadía hospitalaria. Pero el transporte médico tomó un giro inesperado hacia Hialeah, depositándolo en Villa Rosa III, un hogar asistido con pintura descascarada, barras antirrobo y un historial de cuidado deficiente.
Dentro, Hochheiser descubrió que los residentes compartían desodorantes y cepillos para el cabello, comían huevos revueltos aguados y perdían su ropa en la lavandería, solo para verla reaparecer en otra persona. Los informes de inspección estatales pintan un cuadro desolador.
“Todavía tengo hambre, porque nos dan muy poco”, se quejó una residente ante un inspector de salud. “No se nos permite pedir más”.
La historia de Hochheiser no es aislada. Entre enero de 2021 y el 1 de noviembre de 2023, el estado de Florida sacó a 11,395 ancianos o discapacitados de sus hogares sin ninguna supervisión judicial, según datos examinados. Casi el 95% de estos adultos mayores nunca comparecen ante un juez ni consultan con un abogado.
“Como sociedad, hemos decidido que no nos importa proteger a nuestros ancianos tanto como a nuestros niños”, criticó la profesora Rima Nathan, directora de la Clínica de Derecho del Anciano Claude Pepper en la Universidad Estatal de Florida.
Julia y Rosendo Padilla, inmigrantes cubanos retirados en Sunny Isles Beach, tenían planes y ahorros para vivir sus últimos días en un hogar de lujo. Una visita del Departamento de Niños y Familias (DCF) lo cambió todo.
Fueron removidos de su condominio, separados después de décadas de matrimonio y colocados en un hogar elegido por el estado, no por ellos. Su familia y amigos perdieron todo rastro de su paradero.
El DCF afirma que la mayoría de las remociones son “voluntarias”. Pero expertos cuestionan cómo puede ser voluntario cuando un adulto ha sido declarado en riesgo.
“La pregunta es, ¿se está tratando a las personas como si consintieran voluntariamente los servicios cuando en realidad no lo hacen?”, dijo Nina A. Kohn, experta en derecho del anciano de Yale. “Si no entiendes que puedes decir no, ¿eso es voluntario? Yo diría que no”.
El exjuez presidente de la Corte Suprema de Florida, R. Fred Lewis, fue contundente: “No pierdes tus libertades civiles porque envejeces. No conozco otra área de la ley donde la gente pueda ser almacenada sin ninguna protección”.
Las investigaciones revelan patrones alarmantes en hogares donde el estado coloca a los ancianos:
La dueña de Villa Rosa III, Michele Perez, defendió sus instalaciones: “Villa Rosa es un gran establecimiento. Tenemos residentes que han vivido con nosotros durante muchos años, y están muy contentos aquí”. Aseguró que las comidas son caseras, el personal es bilingüe y hay actividades diarias.
Para Martin Hochheiser, ahora de 82 años, la salida llegó tras contraer COVID-19. Un juez rechazó la solicitud de tutela iniciada por el DCF y recuperó el control de su vida. Encontró un nuevo hogar asistido en el norte del condado Miami-Dade.
“Escapé de ese agujero infernal”, dijo Hochheiser. “Y nunca volveré”.
Su historia y la de muchos otros ancianos en Florida exponen una crisis silenciosa que demanda transparencia, supervisión y respeto por los derechos civiles de los más vulnerables.
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