Consejo de Doral Autoriza Acuerdo con ICE bajo Presión Estatal
El Consejo de la Ciudad de Doral, compuesto por inmigrantes o hijos de inmigrantes, aprobó por unanimidad una resolución para otorgar a la policía local facultades de control migratorio mediante el programa federal 287(g). Este paso inicia un proceso de colaboración con Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque aún no se firma un memorándum oficial.

Claves del Acuerdo y Contexto Legal
- Presión de Florida: El fiscal general James Uthmeier y el gobernador Ron DeSantis han presionado a municipios para unirse al programa.
- Obligación Limitada: Aunque la ley estatal exige cárceles condales adherirse al 287(g), no obliga explícitamente a ciudades. South Miami solicitó clarificación judicial al respecto.
- Recursos y Riesgos: Doral busca $2.7 millones en fondos estatales para su policía, condicionados parcialmente a cumplir con acuerdos migratorios.
Posturas en Conflicto
La alcaldesa Christi Fraga, republicana vinculada a Trump, admitió que el acuerdo es un «desafío moral» y aseguró: «Nuestro departamento de policía está aquí para servir a todos, independientemente de su estatus migratorio». Sin embargo, reconoció presiones estatales: «Si no cumplimos, nos amenazan con sanciones».
Edwin López, jefe policial, enfatizó: «Nuestro enfoque no es cuestionar el estatus migratorio, pero en investigaciones criminales graves, si descubrimos irregularidades, podría haber cargos adicionales».
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Preocupaciones Comunitarias
Con un 70% de población extranjera y más de 30,000 venezolanos —muchos en limbo legal—, organizaciones como el Caucus Venezolano-Americano advierten: «Este acuerdo pone en riesgo miles de vidas. Doral podría convertirse en un lugar de miedo».
«No es solo una política. Es una puerta a perfiles raciales y separación familiar» — Zohra Khorashi, abogada hija de inmigrantes.
Antecedentes del Programa 287(g)
Creado en 1996 y reactivado por Trump, este programa permite a policías locales detener por sospechas migratorias. Durante el gobierno de Obama, se suspendió su modelo de «fuerzas de tarea» por perfiles raciales contra latinos. Desde febrero, Florida ha firmado 100 acuerdos bajo este modelo.