El gobernador Ron DeSantis ha cambiado de rumbo y ahora apoya el cierre de la instalación de detención de inmigrantes conocida como Alligator Alcatraz, ubicada en los Everglades. La decisión llega 10 meses después de su apertura y tras una inversión estatal de cientos de millones de dólares.
DeSantis declaró el jueves a los periodistas en Lakeland que «sería genial que desmanteláramos esa instalación», luego de que el New York Times reportara que el Departamento de Seguridad Nacional y funcionarios estatales consideraban cerrarla.
El gobernador indicó que las conversaciones con el gobierno federal sobre el cierre comenzaron después de que Markwayne Mullin fuera confirmado como nuevo secretario de Seguridad Nacional a finales de marzo. «Ha sido discutido», dijo DeSantis, añadiendo que «un nuevo secretario llega y analiza estas cosas con una perspectiva fresca».
DeSantis se reunió con Tom Homan, el «zar fronterizo» de la Casa Blanca, el lunes por la tarde. Según su agenda, hablaron sobre los $608 millones que DeSantis prometió que el gobierno federal reembolsaría al estado por el costo de la instalación, pero que nunca llegaron. «Lo estamos consiguiendo y lo verán muy pronto», prometió el gobernador.
La noticia del posible cierre fue celebrada por activistas y políticos. Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami-Dade, calificó la noticia como «largamente esperada» y señaló que «durante meses, miles han sido detenidos allí en condiciones inhumanas, sin el debido proceso y desperdiciando millones de dólares de los contribuyentes».
La congresista demócrata de Broward, Debbie Wasserman Schultz, quien visitó la instalación el mes pasado, escribió: «Esta crueldad derrochadora debe terminar de inmediato».
Por su parte, Katie Blankenship, abogada fundadora de Sanctuary of the South, dijo que aunque ella y sus clientes esperaban el cierre, «lo creeremos cuando lo veamos». Blankenship presentó una declaración judicial el mes pasado afirmando que uno de sus clientes fue golpeado y dejado con un ojo morado en el centro. Consideró que la instalación está «plagada de abusos a los derechos humanos» y que «no hay duda de que debería cerrarse de inmediato».
El aparente abandono de la instalación marca un giro repentino para las administraciones estatal y federal, que habían promovido el centro como un ejemplo de la agenda de deportación masiva de Trump. El estado gastó cientos de miles de dólares en tribunales para evitar su cierre, incluso anulando recientemente una orden de un juez de Miami que lo ordenaba.
DeSantis explicó que el posible cierre es parte de un esfuerzo mayor del DHS para cambiar su enfoque hacia la aplicación de la ley migratoria. «La misión continúa. Cómo se realiza esa misión importa», dijo, refiriéndose a los operativos en Minnesota donde murieron dos ciudadanos estadounidenses.
El gobernador defendió que la instalación siempre fue temporal: «Nuestro objetivo era que fuera un puente para que el DHS pudiera hacer esto». Añadió que el estado seguirá cooperando y llevando a los detenidos al DHS, que debería ser quien los retenga, procese y repatríe.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional declaró a la prensa que el DHS evalúa continuamente las necesidades de detención para cumplir con los requisitos operativos, sin negar las conversaciones sobre el cierre.
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