La ley estatal que firmó el gobernador Ron DeSantis el verano pasado prohíbe a los gobiernos locales hacer cumplir regulaciones que obstaculicen la construcción u operación de una biblioteca presidencial, según la definición de la Ley de Bibliotecas Presidenciales federal. Sin embargo, los planes de Donald Trump para un rascacielos con museo y potencial hotel en el centro de Miami podrían no encajar en esa definición.
La ley estatal se basa en la definición de la Presidential Libraries Act, que exige una asociación formal con los Archivos Nacionales (NARA). El proyecto de Trump, financiado con $1,000 millones en donaciones exentas de impuestos, solo calificaría como biblioteca presidencial administrada por el gobierno federal si su fundación aceptara asociarse con NARA. Hasta ahora, la Fundación de la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump no ha indicado planes para hacerlo.
Además, NARA exige un fondo de dotación valorado en el 60% del costo total de construcción. Eso implicaría que la fundación de Trump entregue al gobierno federal más de $600 millones para mantener sus registros presidenciales, dependiendo del costo final del rascacielos.
Barack Obama fue el primer presidente en rechazar la asociación formal con el gobierno federal. Su Obama Presidential Center es un centro privado, no una biblioteca administrada por NARA. Este precedente podría permitir a Trump hacer lo mismo y evitar el costoso fondo de dotación del 60%.
El historiador de bibliotecas presidenciales Benjamin Hufbauer, de la Universidad de Louisville, señaló que el proyecto de Trump es más parecido a un museo o centro presidencial que a una biblioteca bajo la ley estatal y federal. “Parece un defecto o vacío legal” en la ley estatal diseñada para forzar a los funcionarios locales a apoyar los planes de Trump.
Si la ley estatal no se aplica al proyecto, las autoridades de Miami y el condado Miami-Dade podrían tener más opciones para imponer nuevos obstáculos. Sin embargo, los alcaldes de ambas jurisdicciones no han comentado públicamente sobre los planes de Trump.
Trump declaró a finales de marzo que los pisos superiores de su rascacielos podrían convertirse en un hotel comercial. Esto sería inédito para una biblioteca presidencial privada y podría poner en riesgo el estatus de exención de impuestos de la fundación, si representa una parte sustancial de sus ingresos. El abogado de organizaciones sin fines de lucro Ben Tesdahl advirtió que “usar dólares exentos de impuestos para construir una entidad con fines de lucro” podría llevar a la revocación del estatus no lucrativo o al pago de impuestos atrasados.
Tesdahl recordó que la fundación de Trump ya recibió un trato especial del IRS, que aceleró su solicitud de exención durante un cierre del gobierno. “La ley es la ley, y esperemos que si algo fuera impropio, alguien lo investigue”, añadió.
El representante estatal Alex Andrade, quien redactó la ley, reconoció que el término “administrada” no está definido en la ley federal. Los intentos de los funcionarios locales de aprovechar ese vacío podrían enfrentarse a desafíos legales. Andrade no descartó que la legislatura modifique la ley para eliminar la definición restrictiva de biblioteca presidencial.
El terreno donado por el Miami Dade College y el estado de Florida a la fundación de Trump ya está zonificado favorablemente para el desarrollo, por lo que probablemente requeriría pocos cambios de zonificación adicionales. No obstante, el debate legal sobre si el proyecto califica como biblioteca presidencial podría determinar el grado de control que tenga la ciudad sobre el diseño y la operación del rascacielos.
“Sin la dotación del 60% y la construcción de la instalación de archivos, no sería una biblioteca de NARA”, resumió el profesor Hufbauer.
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