Un juez federal en Nueva York escuchará argumentos orales este miércoles en la demanda Haitian Evangelical Clergy Association v. Trump, que impugna la decisión de la administración Trump de recortar las protecciones migratorias para más de 521,000 haitianos con Estatus de Protección Temporal (TPS).
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó una extensión del TPS hasta febrero de 2026 establecida previamente, fijando ahora su fin para el 3 de agosto. Los demandantes -incluyendo asociaciones religiosas, el sindicato SEIU Local 32BJ y nueve titulares haitianos de TPS- alegan que esta decisión viola la ley migratoria y carece de revisión periódica requerida.
«Si el gobierno se sale con la suya, cientos de miles de haitianos con TPS podrían enfrentar deportación», alertó Manny Pastreich, presidente de 32BJ SEIU.
La capital haitiana, Puerto Príncipe, está controlada por coaliciones criminales que han incendiado negocios, hospitales y controlado vías principales. Según la ONU, 5.7 millones de personas enfrentan hambre y más de 1 millón están desplazadas internamente.
La demanda señala «motivos racistas y anti-haitianos», citando comentarios del expresidente Donald Trump sobre inmigrantes no blancos. En 2017, tribunales federales ya habían bloqueado un intento similar de terminar el TPS haitiano.
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