Dos tribunales federales invalidaron esta semana la pieza central de la agenda económica de Donald Trump, determinando que excedió gravemente su autoridad al imponer aranceles de emergencia mediante la reinterpretación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977.
Los jueces señalaron que Trump rompió con «cinco décadas» de práctica presidencial al invocar poderes no reconocidos previamente. Este caso sigue un patrón donde Trump:
Trump intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 contra miembros de Tren de Aragua, pero el juez Alvin Hellerstein dictaminó que no cumplía con los requisitos de «invasión» o «incursión depredadora».
La reactivación de la Ley de Registro de Extranjeros (de 85 años) enfrentó obstáculos cuando un juez desestimó cargos al considerar el estatuto «esencialmente inactivo durante 70 años».
El secretario de Estado Marco Rubio utilizó disposiciones migratorias para revocar estatus de académicos pro-palestinos, lo que jueces consideraron «sin precedentes» y posible violación a la libertad de expresión.
Al designar agencias como Agricultura y Salud como entidades de seguridad nacional, Trump intentó eliminar derechos sindicales del 66% de empleados federales, pero un juez bloqueó la medida.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt denunció una «tendencia preocupante de jueces no electos que se inmiscuyen en decisiones presidenciales», calificando a los tribunales contrarios como «activistas».
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