El informe, publicado el jueves exactamente un mes después del sismo, sostiene que muchas de las más de 5.000 personas fallecidas podrían haber sobrevivido si las autoridades hubieran montado una respuesta profesional durante las primeras 72 horas, el período crítico para rescatar con vida a las víctimas atrapadas bajo los escombros.
El documento de 17 páginas, titulado After Action Review, concluye que las operaciones de emergencia fueron colocadas bajo el mando militar en lugar de profesionales en gestión de desastres, lo que dejó las labores de rescate en manos de familiares, voluntarios y equipos internacionales. La revisión, basada en entrevistas con expertos venezolanos, testimonios de voluntarios y datos de fuentes abiertas como la NASA y el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS), señala que las autoridades no activaron los protocolos estandarizados de desastre, lo que provocó confusión y retrasos fatales.
El gobierno, por su parte, ha rechazado estas críticas. Durante una conferencia de prensa el 3 de julio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez afirmó que las autoridades se movilizaron de inmediato. “No esperamos un día, dos días o tres días. Activamos de inmediato”, dijo, defendiendo también las cifras oficiales de víctimas como “rigurosamente verificadas”.
Según el balance oficial del 23 de julio, la cifra de muertos asciende a 5.398, con 16.740 heridos, 6.462 rescatados, 17.907 damnificados y 23.335 personas viviendo aún en 107 campamentos temporales. Los terremotos destruyeron 190 edificios y dañaron gravemente otros 856.
Sin embargo, el informe del Miranda Center pone en duda estas cifras. El modelado del USGS indica una probabilidad superior al 70% de que el número final de fallecidos supere los 10.000. Además, análisis de la NASA estiman que casi 59.000 edificios resultaron dañados o destruidos, muy por encima de los datos oficiales. El costo de la reconstrucción, según la ONU, asciende a $37.000 millones, convirtiendo estos sismos en uno de los desastres más costosos de la historia venezolana.
El informe denuncia que las autoridades obstruyeron las labores de rescate y la ayuda humanitaria durante los primeros días. A partir del 26 de junio, el acceso a las zonas más afectadas de La Guaira fue restringido mediante un sistema de credenciales con código QR que retrasó a voluntarios, bomberos y convoyes humanitarios. Equipos internacionales de rescate fueron retenidos en aeropuertos a la espera de autorización, mientras que periodistas y ONGs enfrentaron restricciones.
Además, el informe incluye testimonios que señalan que el personal de seguridad saqueó pertenencias de edificios dañados, que trabajadores de morgues exigieron pagos a las familias para liberar cuerpos y que la ayuda humanitaria recolectada de forma privada fue redirigida a través de estructuras del partido gobernante.
El Miranda Center atribuye estos fallos al deterioro de las agencias de protección civil durante años, con recortes presupuestarios, falta de equipos y personal insuficiente. Algunas unidades de protección civil operaban al 10% de su capacidad antes de los terremotos, y los trabajadores que exigían mejores condiciones eran detenidos por la inteligencia militar.
“No tenemos herramientas, no tenemos técnica, no tenemos tecnología. Estamos en la Edad de Piedra”, declaró un rescatista de protección civil citado en el informe.
Ante la falta de una respuesta estatal coordinada, la sociedad civil asumió funciones esenciales. Voluntarios crearon el primer registro de personas desaparecidas, ya que las autoridades no lo hicieron durante los primeros cinco días. Grupos de base coordinaron la ayuda humanitaria y dirigieron a los equipos internacionales mediante información recopilada en grupos de WhatsApp y redes sociales.
Más de 60 equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano y más de 2.400 socorristas de 29 países participaron en las labores, coordinados a través de la ONU. El informe reconoce que la respuesta internacional evitó una catástrofe aún mayor.
El Miranda Center concluye que las fallas no fueron producto de una respuesta puntual, sino la culminación de años de deterioro institucional. La militarización de la gestión de desastres, la politización de las agencias de protección civil y la construcción de viviendas del programa Gran Misión Vivienda Venezuela en terrenos geológicamente inestables sin supervisión sísmica adecuada contribuyeron a la magnitud de la tragedia. Delcy Rodríguez, en respuesta, señaló que aproximadamente el 80% de los edificios colapsados en las zonas más afectadas fueron desarrollados de forma privada.
El informe advierte que, a menos que se aborden las debilidades institucionales, Venezuela seguirá siendo vulnerable ante el próximo desastre. Un análisis más completo, con recomendaciones para la preparación y reconstrucción, será publicado en un informe futuro.
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