Un tribunal federal en Boston declaró culpable a Kirill Gordei, un empresario radicado en Hallandale Beach, por contrabandear un instrumento científico avanzado valorado en cientos de miles de dólares desde Los Ángeles hacia Rusia.
Gordei, de 37 años, posee doble nacionalidad: es ciudadano de Estados Unidos y de Bielorrusia, vecino oriental y aliado de Rusia, según detalló el Departamento de Justicia.
Un gran jurado imputó a Gordei en 2024 por falsificar documentos de exportación y facilitar el envío de un espectrómetro de masas valorado en 600.000 dólares, un instrumento utilizado en investigaciones químicas y nucleares.
El espectrómetro, fabricado por una empresa con sede central en Massachusetts, está sujeto a los controles de exportación implementados por la administración de Biden en 2023 para frenar el esfuerzo militar de Rusia en Ucrania y por “razones de proliferación nuclear”, según una declaración jurada presentada por un investigador del Departamento de Comercio de Estados Unidos en el caso federal contra Gordei.
En agosto de 2023, Gordei presuntamente se coordinó con un individuo ruso no identificado que le daba instrucciones sobre qué hacer y lo mantenía al tanto de las reglas estadounidenses de exportación. En un correo electrónico, esa persona le pidió a Gordei falsificar el nombre de la empresa de Los Ángeles a la que se compró el instrumento.
“Si es reportado o detectado por la Aduana de Estados Unidos, el comprador puede ser multado y cada exportación que hagamos probablemente será inspeccionada. Hemos decidido cambiar el nombre del exportador como precaución para evitar verificaciones”.
Según la acusación, Gordei después falsificó documentos para declarar que una empresa de Nueva Jersey era la que exportaba el espectrómetro. También afirmó en los registros de exportación que el destino final del instrumento era Uzbekistán vía Estambul cuando, en realidad, fue enviado a una empresa química con sede en Moscú.
“El señor Gordei hizo grandes esfuerzos para evadir los controles de exportación de Estados Unidos, falsificando el destino de tecnología controlada y enviándola a través de Turquía antes de mandarla a Rusia”, afirmó Leah B. Foley, fiscal federal de Massachusetts. “Seguiremos haciendo responsables a quienes eluden deliberadamente los controles de exportación”, agregó.
Una notificación separada emitida por el Departamento de Comercio señala que Gordei y su empresa de Broward, Apelsin Logistics, dedicada a coordinar operaciones de envío, intentaron evadir las sanciones y los controles de exportación estadounidenses y facilitar la transferencia de motores diésel y partes de aeronaves en 2023.
La notificación alega que en al menos uno de esos casos Gordei utilizó una empresa con sede en Miami, aunque no se identifica el nombre de la compañía.
Los envíos figuraban como destinados a Dubái, pero en realidad estaban dirigidos a firmas como la empresa serbia AvioChem —sancionada por el Reino Unido por su participación en el sector de transporte ruso— y S7 Engineering, una compañía de mantenimiento de aviación sancionada por Estados Unidos desde 2024.
El Departamento de Comercio destacó que su investigación determinó que Gordei y la red de empresas estuvieron involucrados en exportaciones o intentos de enviar mercancías por un valor de 1,2 millones de dólares que fueron enviadas a Rusia o que se sospecha estaban destinadas a ese país.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Condenado | Kirill Gordei, 37 años, Hallandale Beach |
| Nacionalidad | Doble ciudadanía: Estados Unidos y Bielorrusia |
| Instrumento | Espectrómetro de masas de 600.000 dólares |
| Ruta declarada | Uzbekistán vía Estambul |
| Destino real | Empresa química con sede en Moscú |
| Empresa implicada | Apelsin Logistics (Broward) |
| Valor total investigado | 1,2 millones de dólares en exportaciones o intentos |
| Sentencia | Programada para el 12 de enero de 2027 |
El gran jurado imputó a Gordei por ayudar y facilitar el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, por violar las leyes de control de exportaciones y por “conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos”.
El caso pone el foco sobre el papel de las redes logísticas del sur de Florida en el intento de burlar los controles de exportación y las sanciones impuestas contra Rusia, y sobre cómo instrumentos de investigación química y nuclear terminan en manos de firmas con sede en Moscú.
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