El Cuba Study Group, una destacada organización cubanoamericana con sede en Washington, instó este lunes a los gobiernos de Estados Unidos y Cuba a ampliar las exenciones humanitarias a las sanciones, incluyendo el combustible donado por terceros países, y a eliminar las trabas burocráticas que impiden que la ayuda llegue a quien más la necesita.
En un comunicado de política difundido este lunes, el grupo señala que la emergencia humanitaria en la isla ha alcanzado una etapa alarmante, con apagones crónicos y escasez de combustible, alimentos y medicinas que afectan a las familias cubanas y limitan la labor de iglesias, organizaciones humanitarias y empresas privadas.
La organización atribuye al gobierno de Cuba una gran responsabilidad por los fallos estructurales económicos y políticos que dejaron al país expuesto a la presión externa. Sin embargo, también considera que Estados Unidos es responsable de un bloqueo de facto al combustible y de otras nuevas políticas de sanciones que buscan forzar un cambio político sin resultados visibles, mientras agravan el sufrimiento de la población cubana.
“La asistencia humanitaria nunca debe ser tratada como moneda de cambio. Instamos a ambos gobiernos a actuar de inmediato para que las sanciones y los obstáculos burocráticos no impidan más la ayuda urgente para el pueblo cubano.”
El grupo recordó que la administración Trump ha comprometido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria para Cuba, entregada a través de la Iglesia Católica, pero consideró que esa cifra es lamentablemente insuficiente frente a la magnitud de las necesidades de la isla.
La urgencia aumenta tras los comentarios del secretario de Estado Marco Rubio, quien sugirió que tanto una escalada militar como un gran acuerdo negociado en Cuba quedan fuera de la mesa por ahora. Eso deja la política humanitaria como una de las pocas palancas todavía en juego.
El documento detalla varias recomendaciones que, según la organización, pueden aplicarse mediante acciones ejecutivas y cambios en las regulaciones del embargo, sin necesidad de nueva legislación.
Actualmente, Estados Unidos permite la venta de petróleo estadounidense al sector privado cubano, pero ha desalentado a otros países de vender combustible al gobierno cubano con amenazas de aranceles. En marzo, la administración permitió que un petrolero ruso entregara aproximadamente 700.000 barriles de crudo que el gobierno cubano calificó como una donación de Rusia.
El Cuba Study Group pide que se eximan de sanciones las donaciones de buena fe de combustibles realizadas por terceros países y otros actores internacionales. El documento subraya que la energía es esencial para casi toda actividad humanitaria.
“Los hospitales necesitan electricidad; el agua debe bombearse; los medicamentos y los alimentos requieren refrigeración; y las iglesias, organizaciones humanitarias, agricultores, empresas privadas y proveedores de transporte necesitan combustible para entregar asistencia y bienes esenciales.”
Para evitar abusos, Ric Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, señaló que Estados Unidos podría imponer sanciones secundarias a los compradores extranjeros si el gobierno cubano revende el combustible donado. No obstante, el documento no explica cómo evitar que el combustible sea desviado dentro del país.
Las ventas y donaciones de medicinas y equipos médicos a Cuba ya están autorizadas, pero el Departamento de Comercio, a través de la Oficina de Industria y Seguridad, exige que los donantes obtengan una licencia específica para cada donación de medicamentos, dispositivos, equipos de diagnóstico y piezas de repuesto. La organización pide sustituir ese requisito por una amplia excepción de licencia que cubra también pagos, envío, seguros, logística, instalación y mantenimiento.
También pide ampliar la asistencia humanitaria financiada por Estados Unidos para incluir medicinas, dispositivos médicos, equipos de diagnóstico y otros suministros de salud, permitiendo que lleguen a hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios y otras instituciones públicas de salud cuando sean los usuarios finales legítimos.
El documento propone además una excepción humanitaria limitada para que importadores y distribuidores privados puedan vender combustibles ligeros a hospitales, clínicas y otros centros médicos estatales para generación eléctrica y otras necesidades esenciales. Dado que el sistema de salud cubano es estatal, excluir a estas instituciones impediría que la ayuda llegue a la mayoría de los cubanos. Se mantendrían salvaguardas contra el desvío, verificación de uso final y documentación adecuada.
La administración Biden autorizó a los emprendedores cubanos a abrir cuentas en bancos estadounidenses, pero la acumulación de sanciones, órdenes ejecutivas y la inclusión de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo han disuadido a los bancos de implementar esa política. El sector privado cubano es un actor importante en la importación de alimentos, por lo que el Cuba Study Group pide al Departamento del Tesoro que emita guías claras y protecciones de puerto seguro para que los bancos puedan atender a emprendedores cubanos autorizados, iglesias y grupos de ayuda.
El objetivo es crear un canal transfronterizo formal a través del cual las organizaciones humanitarias y las empresas cubanas independientes puedan recibir fondos, comprar bienes y servicios y realizar comercio autorizado.
La organización sugiere nombrar un Representante Especial para Cuba u otro alto funcionario que coordine la implementación de estos cambios entre las agencias del gobierno. También insta a Washington a reconocer públicamente el papel del sector privado en la provisión de alimentos, transporte y logística en la isla, y a flexibilizar las restricciones de visa para actores cubanos independientes.
En paralelo, el Cuba Study Group pide a La Habana que permita a las iglesias, organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que apoyan la entrega de ayuda recibir, mantener y gastar fondos humanitarios en dólares u otras monedas convertibles, sin verse forzados a convertirlos a pesos a un tipo de cambio desfavorable.
También pide que se agilice la autorización de instituciones financieras privadas independientes capaces de manejar esos fondos, con el objetivo de crear un canal transparente, protegido y verificable para el dinero humanitario a través de instituciones financieras privadas emergentes.
El propio grupo advierte que estas medidas no resolverían las causas subyacentes de la crisis cubana ni sustituirían las reformas políticas y económicas necesarias para una recuperación duradera. Sin embargo, ayudarían a crear canales más confiables para la entrega de ayuda.
Por ahora, no está claro si las recomendaciones encontrarán receptividad en Washington y La Habana. Las negociaciones entre ambos países se encuentran estancadas. Rubio ha dicho que la administración Trump continuará imponiendo sanciones contra entidades del gobierno y de las fuerzas armadas de Cuba en el futuro cercano, mientras que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha prometido resistir.
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