Desapariciones forzadas como arma de represión estatal
Desde las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, Venezuela vive una escalada de desapariciones forzadas ejecutadas por fuerzas de seguridad, según el reciente informe de Amnistía Internacional. El documento detalla cómo periodistas, defensores de derechos humanos y opositores son secuestrados sin órdenes judiciales, en operativos que siguen un patrón sistemático.

Casos emblemáticos de víctimas
- Rory Branker: Editor de La Patilla, desaparecido en Caracas en febrero de 2025 tras ser acusado de «extorsión».
- Eduardo Torres: Abogado de PROVEA, desaparecido en diciembre de 2024 y vinculado en expedientes de terrorismo.
- Yevhenii Trush: Refugiado ucraniano con autismo, detenido en la frontera colombiana sin reconocimiento oficial.
- Andrés Martínez y José María Basoa: Españoles etiquetados como «mercenarios de la CIA» tras su llegada a Venezuela.
Mecanismos de represión
El informe de 46 páginas revela que agentes del DGCIM (contrainteligencia militar) y SEBIN (servicio de inteligencia) realizan detenciones en vehículos sin identificación, trasladando a víctimas a centros clandestinos. Esta práctica viola estándares internacionales y expone a los detenidos a torturas.
«Es una estrategia deliberada para silenciar disidencias y aterrorizar a la población» – Amnistía Internacional
Contexto político represivo
La campaña se intensificó tras la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente en julio de 2024. Su gobierno implementó la Operación Tun Tun, que incluyó:
- Más de 2,500 arrestos durante protestas postelectorales
- Uso de la aplicación «VenApp» para denunciar opositores
- Revocación de pasaportes y allanamientos domiciliarios
Implicaciones internacionales
Amnistía alerta que extranjeros podrían ser usados como moneda de cambio diplomático, evidenciado por la liberación de estadounidenses tras visitas de enviados en enero de 2025.
Crimen de lesa humanidad
El informe sostiene que Venezuela cumple los criterios para que estas desapariciones sean consideradas crímenes contra la humanidad, pese a no haber ratificado la Convención de la ONU sobre Desapariciones Forzadas.