Leyes de deportación mediante Medicaid: Estados republicanos convierten salud pública en brazo migratorio

El uso de Medicaid como herramienta de deportación se expande en EE.UU.

Varios estados gobernados por el Partido Republicano han intensificado su colaboración con las políticas migratorias del presidente Donald Trump al exigir que las agencias de salud pública reporten a las autoridades migratorias a los beneficiarios de Medicaid cuya situación legal está en duda. La tendencia, que comenzó con leyes en Indiana, Luisiana, Montana y Wyoming, sumó recientemente a Carolina del Norte a finales de abril, y otros como Oklahoma y Tennessee evalúan medidas similares.

Según Carmel Shachar, investigadora en políticas de salud de la Facultad de Derecho de Harvard, “este es un tema que está muy presente en el radar político ahora”.

¿Cómo funcionan estas leyes?

Medicaid cubre a más de 75 millones de personas en EE.UU., incluyendo personas con discapacidades y bajos ingresos. Aunque los inmigrantes sin estatus legal no pueden acceder al programa, sí son elegibles residentes permanentes, asilados y refugiados. Sin embargo, las nuevas leyes obligan a los empleados estatales a solicitar pruebas de estatus migratorio a los no ciudadanos y reportar a aquellos sin estatus “satisfactorio” al Departamento de Seguridad Nacional.

En Carolina del Norte, la medida fue insertada en un proyecto de ley que restableció $319 millones en fondos de Medicaid. El representante estatal republicano Donny Lambeth argumentó durante el debate: “Este proyecto está diseñado no solo para financiar nuestras necesidades críticas, sino para comenzar a examinar el fraude y los abusos que sabemos que existen en el sistema”.

Impacto en las familias y la salud pública

La abogada de inmigración Yesenia Polanco-Galdamez, de Carolina del Norte, advierte que estas políticas generan miedo en las familias de estatus mixto. “Esto llevará a que más familias se pregunten si es seguro buscar atención médica o inscribir a sus hijos, por temor a que la información sea compartida con las autoridades migratorias”.

“Cuando se implementan políticas que apuntan a un inmigrante, se cree que solo se apunta a una persona, pero es una bomba imprecisa que afecta a todo el hogar”. – Leonardo Cuello, investigador del Centro para Niños y Familias de la Universidad de Georgetown

Un estudio de la Universidad del Sur de Florida de 2024 sobre la ley de Florida de 2023 –que exige a los hospitales preguntar el estatus migratorio– reveló que los inmigrantes han evitado buscar atención, se han separado familias y se ha causado angustia psicológica. Texas emitió una orden ejecutiva similar en 2024.

Resistencia en estados demócratas

Veintiún estados liderados por demócratas se han unido a una demanda de California que busca impedir que el Departamento de Seguridad Nacional utilice datos de Medicaid para fines de deportación. Un juez federal dictaminó que las identidades pueden compartirse, pero no la información médica; el litigio continúa.

La abogada Anabel Rosa, especialista en discriminación en Carolina del Norte, señaló que la mayoría de los inmigrantes “en proceso” ya pagan su atención médica de su bolsillo por miedo a usar asistencia pública. “Al final, los sistemas de salud pública funcionan mejor cuando las personas se sienten seguras al buscar atención”, concluyó Polanco-Galdamez.