Sin previo aviso y frecuentemente de noche, fuerzas de seguridad venezolanas han secuestrado a periodistas, estudiantes y defensores de derechos humanos desde las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024. Un reciente informe de Amnistía Internacional documenta al menos 15 casos emblemáticos de desapariciones forzadas entre julio de 2024 y junio de 2025, patrón que la organización califica como «crimen de lesa humanidad».
Las desapariciones son ejecutadas principalmente por la DGCIM (contrainteligencia militar) y el SEBIN, mediante operativos con vehículos sin identificación. Tras la autoproclamación de Nicolás Maduro como presidente en julio de 2024, se implementó la «Operación Tun Tun» que incluyó:
El informe alerta que extranjeros están siendo usados como «moneda de cambio» en negociaciones diplomáticas. Esta situación contrasta con las deportaciones masivas desde Estados Unidos, donde autoridades declaran partes de Venezuela «seguras» para retornos.
Un reporte complementario del Instituto CASLA detalla prácticas de tortura en centros clandestinos:
«Una estrategia calculada para quebrar el espíritu y borrar la esperanza», concluye el documento que registra 110 páginas de evidencias.
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