La contienda judicial por el Grupo 67 del 11.º Circuito Judicial de Miami-Dade sumó un nuevo frente legal. La jueza Mavel Ruiz presentó la semana pasada una demanda en la que acusa a su oponente, la abogada Destiny Alvarez, de estar detrás de una presunta campaña de ataques por internet y mensajes de texto con declaraciones difamatorias para desacreditarla e influir en la elección del 18 de agosto.
La demanda se centra en una presunta campaña para convencer a los votantes de Miami-Dade de que Ruiz es una “comunista” que “odia a su país”. Para la defensa de Alvarez, la jueza utiliza esta demanda como un abuso de poder para intimidar a sus adversarios y silenciar lo que considera “opinión política por excelencia e hipérbole retórica”.
En un comunicado, Alvarez calificó la demanda de “frívola” y afirmó que carece de base legal o fáctica. “Tenemos la intención de solicitar honorarios de abogados y sanciones por tener que defendernos”, advirtió.
La nueva moción presentada por la defensa de Alvarez sostiene que la demanda es legalmente defectuosa porque se basa en alegaciones vagas, no establece adecuadamente la “malicia real” requerida y ataca opiniones políticas y afirmaciones retóricas protegidas por la Primera Enmienda.
“El mensaje para cada votante, donante y voluntario de Miami-Dade es inconfundible: apoyen a la oponente de esta jueza, y esta jueza los pondrá en una demanda”, señala la moción.
El escrito también acusa a Ruiz de utilizar la autoridad de su cargo judicial contra críticos políticos y simpatizantes de su oponente, lo que violaría las normas de ética judicial y la ley anti-SLAPP de Florida. El sábado, los intentos por contactar a Ruiz y a su abogado, Henry Marines, no obtuvieron respuesta inmediata.
Además de Alvarez, la demanda nombra a su esposo, Nicholas Alvarez, lobista político; a Alejandro Miranda, operador político y gerente de Miranda Advocacy y Order 66; y a Damian Tapia, agente registrado de New Vision, Fighting For A Better Miami-Dade y Residents United. También figuran cinco demandados no identificados que, según la demanda, serían lobistas, donantes, consultores o funcionarios.
Entre las organizaciones señaladas están:
También se acusa a los demandados de coordinar un sitio web de ataque que usa el nombre de la jueza. La moción sostiene que no se alega ni un solo acto, comunicación, pago, reunión o documento que conecte a ninguno de los Alvarez con la creación o publicación del sitio web o con los mensajes de texto. El documento fue presentado por Brian O. Cross, de Goede Deboest and Cross, firma donde Destiny Alvarez es socia directora de la oficina de Coral Gables.
Según la demanda, Ruiz, nacida en Cuba y jueza de larga trayectoria, fue objeto de mensajes masivos de texto que la presentaban como una “comunista” que odia a Estados Unidos y que utiliza el poder judicial como un arma para atacar a los patriotas conservadores. Uno de los mensajes, en español, la acusaba de impedir que el presidente Donald Trump construyera su biblioteca presidencial en Miami.
La acusación se remonta a una decisión de 2025 en la que Ruiz bloqueó la transferencia de terrenos del centro de Miami que Miami Dade College planeaba destinar a la biblioteca presidencial de Trump. La jueza actuó en una demanda presentada por el historiador Marvin Dunn, y sostuvo que era probable que Dunn demostrara que la junta de fideicomisarios del colegio había negado al público la oportunidad de opinar antes de aprobar la transferencia.
Más tarde, Ruiz levantó el bloqueo después de que los fideicomisarios realizaran una nueva votación y desestimó el caso. La junta, posteriormente, solicitó con éxito la recusación de Ruiz en futuros casos relacionados con el colegio y la biblioteca presidencial, alegando que estaba personalmente sesgada a favor de Dunn.
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