Dos semanas después de que se publicara una serie investigativa que reveló cómo ancianos de Florida son llevados bajo custodia estatal y ubicados en instalaciones de cuidado subestándar con mínima supervisión judicial, líderes estatales emitieron una declaración criticando a los periodistas por una «representación fundamental errónea» de cómo funciona el sistema de protección de adultos mayores en el estado.
La serie, llamada «The Gray Market», fue publicada el 2 de abril. Los datos estatales recopilados muestran que casi 95% de los ancianos removidos de sus hogares por su propio bienestar nunca comparecen ante un juez o hablan con un abogado. Algunos adultos mayores vieron sus vidas alteradas al ser enviados a instalaciones de vida asistida con historiales deficientes de cuidado, en contra de su voluntad y sin el conocimiento de sus seres queridos. Incluso, algunos fueron trasladados a hogares que otra agencia, la Agency for Health Care Administration, buscaba cerrar.
El Departamento de Niños y Familias (DCF) declinó repetidamente responder preguntas sobre su programa de Servicios de Protección para Adultos. Sin embargo, 16 días después de la publicación de la serie, la agencia pidió que se «actualizara» la información. Defendió el programa, que investiga denuncias de abuso, negligencia y explotación de ancianos, y tiene el poder de tomar custodia de adultos considerados vulnerables.
Morgan Jones, subjefa de personal del DCF, declaró que la serie era «engañosa» y conllevaba el «riesgo de crear miedo innecesario, lo que puede disuadir a individuos vulnerables y familias de buscar» servicios de la agencia.
Jones cuestionó el hallazgo de que, en el condado de Miami-Dade, un trabajador social tiene autoridad exclusiva sobre dónde se reubican ancianos o adultos discapacitados después de ser tomados bajo custodia. Este hallazgo se basó en parte en las conclusiones de un informe de 2022 del Inspector General del DCF, que indicaba que la agencia había dado a la trabajadora social Tania Hernandez control sobre la ubicación de ancianos.
En su carta, Jones afirmó: «En ningún momento, [los Servicios de Protección para Adultos] actúan unilateralmente. Las políticas, procesos y herramientas operativas utilizadas por el programa APS fueron desarrolladas por profesionales médicos calificados y se ejecutan en coordinación con adultos vulnerables, sus sistemas de apoyo, aplicación de la ley, personal médico de emergencia, médicos tratantes y con supervisión judicial, según sea necesario».
Jones también destacó que más del 90% de los ancianos y adultos discapacitados que encontraron el programa recibieron servicios como apoyo de transporte, servicios terapéuticos, equipo adaptativo y modificaciones en el hogar.
La investigación periodística pone en duda algunas de las afirmaciones del DCF. Documentos revisados indicaron que no todos los ancianos removidos de sus hogares y reubicados sin supervisión judicial eran competentes para consentir el traslado. Por ejemplo, una mujer de 76 años fue movida a tres instalaciones diferentes por administradores del DCF, aunque los registros de la agencia documentaban que alucinaba, recibía medicamentos psiquiátricos y carecía de «capacidad para consentir».
Académicos legales cuestionaron si los ancianos están protegidos por una política que permite a los trabajadores sociales tanto tomar custodia como determinar si tienen la agudeza cognitiva para tomar decisiones informadas. Un erudito distinguido en derecho de ancianos de la Yale Law School preguntó: «La cuestión se convierte en, ¿están siendo tratadas las personas como si estuvieran consintiendo voluntariamente servicios quienes no consienten voluntariamente servicios?»
Familiares de varios ancianos —incluyendo hijos adultos, una hermana y miembros con poder notarial— afirmaron que nunca fueron informados cuándo o dónde fue reubicado su ser querido. Hijas de dos clientes del DCF dijeron que tuvieron que buscar a sus padres después de que fueron trasladados sin consulta ni notificación. En tres casos reportados, amigos cercanos que se consideraban responsables de ancianos sin familiares cercanos dijeron que nunca encontraron el destino final de sus amigos antes de que fallecieran.
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