La administración del gobernador Ron DeSantis planea desafiar una orden judicial federal que exigiría el cierre del campamento de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, conocido como «Alligator Alcatraz», en los próximos 60 días.
La jueza federal Kathleen Williams emitió una medida cautelar que ordena al estado detener la admisión de detenidos, trasladar a los aproximadamente 400 inmigrantes actuales y desmantelar infraestructura como generadores y cercas en un plazo de nueve semanas. La demanda fue presentada por ambientalistas y la Tribu Miccosukee debido a riesgos ambientales.
En una conferencia de prensa, DeSantis calificó a la jueza de «activista» y afirmó que la decisión «no nos detendrá». La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, apoyó esta postura, criticando la ruling como un intento de obstaculizar las deportaciones.
Según análisis, muchos detenidos no tenían condenas criminales. DeSantis anunció planes para un segundo sitio en Baker Correctional Institution, con capacidad para hasta 2,000 detainees. El director de comunicaciones, Alex Lanfranconi, declaró: «Las deportaciones continuarán hasta que la moral mejore».
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, expresó inquietud por el legado del sitio, afirmando que el condado podría enfrentar «un desastre» tras el cierre. El estado utilizó poderes de emergencia para tomar control de la propiedad.
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