El demócrata David Jolly calificó como evidencia de un esquema de lavado de dinero el informe filtrado de un gran jurado que involucra a altos funcionarios de la administración del gobernador Ron DeSantis. Este jueves, Jolly anunció que, si gana la carrera por la gobernación, ordenará una nueva investigación sobre el caso Hope Florida.
El gran jurado concluyó que los fondos de los contribuyentes fueron utilizados indebidamente con fines políticos en la transferencia de $10 millones de un acuerdo de Medicaid a través de una organización benéfica creada para financiar Hope Florida, una iniciativa clave de la esposa del gobernador, Casey DeSantis. Sin embargo, el gran jurado declinó presentar cargos penales debido a la falta de claridad de los testigos.
La filtración del informe, ocurrida a menos de tres meses del día de las elecciones, sacude la carrera para suceder a DeSantis. La falta de procesamiento podría convertirse en un tema recurrente en la campaña de Jolly hasta el día de las elecciones. Desde que lanzó su campaña el año pasado, el excongresista republicano ha centrado su mensaje en dos temas principales: la asequibilidad y la corrupción republicana.
La divulgación del informe prácticamente lo lleva a presionar a su oponente republicano, el representante federal Byron Donalds, para que se comprometa a reabrir la investigación. Jolly lo invitó a seguir su ejemplo.
“Está claro a partir de los hallazgos del gran jurado que la investigación de Hope Florida debería reabrirse”, dijo Jolly en una conferencia de prensa en Pensacola. “Como gobernador, me he comprometido a hacerlo, y le pido a Byron Donalds que se comprometa a hacer lo mismo”.
| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Fondos transferidos | $10 millones |
| Origen | Acuerdo de Medicaid |
| Destino | Organización benéfica creada para financiar Hope Florida |
| Comité señalado | Keep Florida Clean |
| Conclusión del gran jurado | Uso indebido de fondos públicos con fines políticos |
| Acción penal | No se presentaron cargos |
Aunque Donalds no tuvo participación en el escándalo, el informe plantea interrogantes sobre las funciones de altos funcionarios de DeSantis y del establishment republicano de Florida, algunos de los cuales están en la papeleta de noviembre junto a Donalds.
El gran jurado determinó que el comité político Keep Florida Clean, controlado por Uthmeier, recibió la mayor parte de los $10 millones en fondos de los contribuyentes. Uthmeier está en la papeleta frente al exsenador estatal demócrata Jose Javier Rodriguez.
Moody enfrenta una batalla electoral con la representante estatal demócrata Angie Nixon. El miércoles, después de que se filtrara el informe del gran jurado, Rodriguez pidió la renuncia de Uthmeier y Nixon pidió la renuncia de Moody.
Jolly no presionó a Donalds para que renunciara; Donalds se desempeñaba a casi 900 millas de distancia en el Congreso de EE.UU. mientras se desarrollaba el escándalo. Sin embargo, Jolly sí exigió una respuesta.
“Los floridanos merecen transparencia y merecen saber si quienes ocupan los cargos más altos del gobierno en Florida efectivamente lavaron dinero, dinero de la atención médica, fondos destinados a familias y jóvenes”, expresó Jolly. “Espero que Byron se una a mí en ese compromiso en nombre de los floridanos”.
Jolly dijo que fue cuidadoso de no politizar el informe del gran jurado, porque eso diluiría su importancia. “Esto es más grande que la política”, afirmó. “No sé si este será un tema central de la campaña, pero los votantes tienen derecho a ver cómo será su gobernador”.
Mientras tanto, no fue posible contactar a la campaña de Donalds. Donalds pasó gran parte del jueves haciendo campaña en Jacksonville.
Según encuestas recientes, Jolly se encuentra a unos 3 puntos porcentuales detrás de Donalds y también va por detrás en contribuciones de campaña por decenas de millones de dólares.
Si llega a la gobernación, Jolly enfrentaría una Legislatura abrumadoramente republicana, que probablemente no apoyaría una investigación sobre el escándalo. Aun así, Jolly aseguró: “Le pediré a la Legislatura recursos para realizar más investigación de hechos. Si dicen que no, tendrán que justificar su negativa ante los votantes”.
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