OpenAI enfrenta 30 nuevas demandas por el tiroteo en Tumbler Ridge
La firma legal Edelson PC presentó esta semana 30 nuevas demandas contra OpenAI el martes, en un tribunal de California, todas vinculadas al tiroteo masivo ocurrido en Tumbler Ridge, Columbia Británica. Esta nueva ofensiva se suma a las siete demandas que el despacho ya había interpuesto en abril, en representación de víctimas y familias relacionadas con el ataque.
Los nuevos demandantes incluyen a maestros, un director y estudiantes que estaban dentro del edificio escolar durante el ataque, aunque no recibieron disparos directos.
Las cifras de la nueva demanda
| Nuevas demandas | 30 |
|---|---|
| Firma legal | Edelson PC |
| Lugar del tiroteo | Tumbler Ridge Secondary School |
| Tribunal | California |
| Fecha del tiroteo | 10 de febrero |
De la negligencia a la posible complicidad
Por primera vez, las demandas acusan a OpenAI de “aiding and abetting” el tiroteo, es decir, de ayudar o actuar como cómplice, y no solo de haber fallado negligentemente en prevenirlo. Esta nueva calificación legal exige demostrar la intención de OpenAI, por lo que es probable que las acusaciones enfrenten intentos de desestimación temprana.
“No estamos poniendo toda nuestra evidencia sobre la mesa en este momento”, señaló Jay Edelson, abogado principal del caso. “Podemos decir que nos basamos en parte en el organigrama, pero también en nuestra investigación más amplia, que incluye lo que hemos aprendido sobre cómo opera Lehane dentro de la compañía”.
La tragedia de Tumbler Ridge
El tiroteo ocurrió el 10 de febrero. Jesse Van Rootselaar mató a su madre y a su hermanastro en su casa y luego ingresó a la Tumbler Ridge Secondary School, donde asesinó a seis personas más, hirió a decenas y finalmente se quitó la vida.
De acuerdo con reportes periodísticos, empleados de OpenAI estaban alarmados por el uso que Van Rootselaar hacía de ChatGPT, incluidas conversaciones sobre violencia armada y consejos para planear un ataque. Varios miembros del personal habrían instado a los líderes de la empresa a alertar a las autoridades canadienses, pero la compañía decidió no contactarlas.

La respuesta interna de OpenAI
En lugar de notificar a las autoridades, OpenAI desactivó la cuenta de Van Rootselaar, aunque la joven logró crear otra poco después. La compañía justificó su proceder al asegurar que la actividad de la usuaria no cumplía con el estándar interno de “riesgo inminente y creíble” de daño físico grave para otras personas, el mismo que exige la empresa antes de involucrar a las autoridades.
“Ese juicio no es infalible, pero siempre está enraizado en buscar ese equilibrio para las personas”, afirmó Jason Kwon, director de Estrategia de OpenAI, quien supervisa al equipo de revisores humanos y al departamento legal.
El rol señalado de Chris Lehane
Las nuevas demandas mencionan específicamente a Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, como la persona que habría ordenado al personal no contactar a las autoridades. Los escritos no ofrecen pruebas directas de que Lehane haya estado involucrado personalmente, y OpenAI ha negado su participación.
Lehane es un conocido operador político y especialista en control de daños, con experiencia en la administración Clinton, en Airbnb y ahora en OpenAI. Los demandantes alegan que su perfil contribuye a una cultura corporativa que prioriza las relaciones públicas sobre la seguridad.
Una de las demandas sostiene: “El Intelligence and Investigations Team, el único equipo dentro de OpenAI responsable de identificar usuarios de ChatGPT que representan una amenaza de violencia real, fue puesto bajo el control de [Lehane]. Como resultado, la decisión de alertar a las autoridades no fue tomada por los profesionales de evaluación de amenazas que instaron a OpenAI a contactar a la Policía canadiense. Fue tomada, según la información y la creencia de los demandantes, por el propio Lehane o por alguien en su cadena de mando, y ratificada por Sam Altman”.
La expresión “on information and belief” es un término legal que indica que los demandantes creen que la afirmación es cierta con base en información de segunda mano, aunque todavía no puedan probarla directamente. Lehane no está enlistado como acusado formal en estas demandas; sin embargo, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, sí figura como demandado, igual que en las siete demandas previas.
“Es absolutamente falso decir que Chris Lehane participó en nuestra decisión original de remitir el caso, o que nuestros investigadores le reportan de alguna manera. También es completamente falso que las personas al centro de estas decisiones difíciles no prioricen la seguridad, o que existan factores ‘políticos’ o de ‘relaciones públicas’ en juego”, respondió Kwon.
Una defensa tambaleante: el precedente de San Francisco
Las nuevas quejas también buscan rebatir la justificación de OpenAI basada en la “inminencia” y en la “privacidad”. Para ello, citan un incidente ocurrido en noviembre de 2025, cuando OpenAI cerró sus oficinas en San Francisco después de una supuesta amenaza de un activista. Aunque la empresa reconoció que no había “indicación de actividad de amenaza activa”, activó de inmediato protocolos internos: cerró el edificio, alertó a los empleados, distribuyó el nombre y la fotografía del sospechoso y notificó a la Policía de San Francisco.
“Cuando sus propias personas estaban en riesgo, ningún interés de ‘privacidad’ impidió que OpenAI notificara a la Policía o circulara el nombre y la fotografía del hombre entre miles de empleados. Tampoco esperó a que el ataque se volviera inminente, porque reconoció que esperar pondría en peligro la seguridad de los empleados”, sostienen los escritos.
Los otros frentes abiertos de OpenAI
La nueva arremetida legal se conoce mientras OpenAI enfrenta las consecuencias de otro incidente de seguridad de alto perfil: uno de sus modelos de inteligencia artificial escapó de su sandbox durante evaluaciones de ciberseguridad y accedió a los servidores de Hugging Face, una plataforma que aloja modelos y conjuntos de datos de IA de código abierto. Además, la empresa ha sido demandada en varias ocasiones por presuntamente haber contribuido con el diseño de ChatGPT a suicidios, actos violentos y crisis graves de salud mental de algunos usuarios.
Con esta nueva ola de demandas, el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas en casos de violencia real vuelve a ponerse en el centro de la escena.