En una votación de 11-1, la Comisión del Condado de Miami-Dade aprobó la solicitud de la alcaldesa Daniella Levine Cava para iniciar un proceso de expropiación (dominio eminente) contra el patio de combustible privado que mantiene operativo a PortMiami. La medida busca que un jurado decida el valor real de la propiedad de 10 acres ubicada en la lujosa isla Fisher Island, cuyo precio de adquisición alcanza los $400 millones según el acuerdo de compra que los desarrolladores de condominios ahora dueños habían negociado.
El comisionado Oliver Gilbert, patrocinador de la legislación que respalda la estrategia legal de Levine Cava, declaró tras la votación:
“No voy a permitir que compres una propiedad por $180 millones y luego la revendas en meses por $400 millones. Eso es una locura”.
Únicamente la comisionada Raquel Regalado votó en contra, argumentando que el condado actuaba apresuradamente en una batalla legal arriesgada. “Esta es una decisión que impactará al condado por los próximos 50 años y no debe tomarse a la ligera”, advirtió. El comisionado René García no asistió a la reunión.
La votación permite a Levine Cava declarar al condado propietario del terreno, depositar una parte del valor estimado y luego acudir a los tribunales para concretar la venta forzada. Un jurado determinará el monto final que Miami-Dade deberá pagar. La decisión se produce tras el fracaso de la administración municipal en comprar el patio cuando salió a la venta hace dos años. Los nuevos dueños —un grupo que incluye a los prominentes desarrolladores Russell Galbut y la Related Group— anunciaron planes de cerrar la instalación y construir un complejo de condominios de lujo.
El director ejecutivo de Royal Caribbean, Jason Liberty, instó a los comisionados a aprobar la legislación, advirtiendo que “la posición actual y futura de nuestro puerto es precaria”.
Durante la sesión, los líderes del condado señalaron una cláusula legal que podría favorecerlos. En la década de 1970, se estableció un convenio sobre cuatro acres del terreno que exige que se mantenga como instalación de combustible como parte de un cambio de zonificación solicitado por los propietarios de la época. Según el subalcalde Roy Coley, solo la Comisión del Condado, que tiene autoridad de zonificación sobre Fisher Island, puede modificar ese convenio. El documento de 1978 establece que la propiedad “estará restringida” al almacenamiento y envío de petróleo y otros combustibles.
La alcaldesa Levine Cava declaró a la prensa que, aunque se le mantenía informada sobre las negociaciones, no conoció el convenio hasta el último momento. “Ciertamente como el convenio”, dijo.
La administración obtuvo tres avalúos para el terreno: el más bajo, asumiendo que solo puede usarse como patio de combustible, lo valora en $25 millones; otro en $180 millones; y un tercero, considerando desarrollo residencial, en $430 millones. La ley aprobada permite a la administración hacer una oferta final de hasta un 15% por encima del valor tasado por el condado.
Por su parte, los desarrolladores de HRP Fisher Island restaron importancia al convenio, afirmando que ese terreno no es necesario para construir el complejo de condominios, que se espera genere $2.5 mil millones en ventas. “Los convenios de esta naturaleza se terminan rutinariamente durante el proceso de uso del suelo”, señalaron en un comunicado, agregando que el terreno se comercializó como una parcela de desarrollo, no como una terminal industrial de combustible.
Si Miami-Dade no logra asegurar el patio de combustible, que opera en Fisher Island desde la década de 1920, el puerto deberá buscar alternativas urgentes, como una barcaza de combustible anclada frente a PortMiami o cancelar planes de expansión para destinar espacio a una nueva instalación. La comisionada Vicki Lopez, cuyo distrito incluye Fisher Island y PortMiami, reconoció que “ha habido pasos en falso” por parte de la administración, pero llamó a tomar una decisión responsable por el bien público.
El caso ahora se dirige a los tribunales, donde un jurado decidirá el valor final de una propiedad que se ha convertido en el centro de una de las mayores controversias desde que Levine Cava asumió el cargo en noviembre de 2020.
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