Jueza Ana C. Reyes levanta la suspensión: 350,000 haitianos pierden el TPS

La orden judicial que protegía a los haitianos queda sin efecto

La jueza federal Ana C. Reyes, de Washington D.C., levantó este miércoles la suspensión que mantenía vigente el TPS para haitianos. Con esta medida, unos 350,000 inmigrantes haitianos en Estados Unidos pierden oficialmente su protección contra la deportación. La decisión se produce después de que la Corte Suprema dictaminara en junio que la acción de la administración Trump para terminar con el programa no está sujeta a revisión judicial.

La jueza esperaba el mandato oficial del máximo tribunal, que fue enviado el lunes 27 de julio a la corte de apelaciones federal en Washington y remitido a su despacho el martes. Al levantar la suspensión, la protección dejó de aplicarse para aproximadamente 350,000 haitianos, incluidos los que residen en Florida y otros estados.

En un caso paralelo, una jueza federal en Nueva York aún no ha levantado una medida cautelar similar que impide el fin del TPS para unos 6,000 inmigrantes sirios, quienes también perdieron en el mismo fallo de la Corte Suprema.

Impacto en el sur de Florida y en la economía estatal

En el sur de Florida, el impacto ya se sentía. La semana pasada, muchos haitianos perdieron sus autorizaciones de trabajo y tuvieron que renunciar a sus empleos en residencias de ancianos, donde cuidaban a adultos mayores y a personas con discapacidad; en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, donde decenas trabajaban en labores de limpieza; y en supermercados locales como cajeros.

Según la Florida Immigrant Coalition, los inmigrantes representan el 64% de todos los asistentes de salud a domicilio en Florida, y el 7% de los cuidadores nacidos en el extranjero son de Haití. Los estudios estiman que los haitianos representan unos 120,000 de los titulares de TPS en Florida, y su salida de la fuerza laboral podría restar hasta $4 mil millones al PIB estatal. En todo el país, los empleadores enfrentarían costos de rotación de cerca de $1 mil millones para reclutar y capacitar reemplazos, según Tess Petit, directora ejecutiva de la coalición.

Miedo a redadas y familias en riesgo

El temor al fin inminente del TPS se respira en la comunidad haitiana del sur de Florida, donde muchos creen que las redadas de ICE son inminentes. Además, los hijos ciudadanos estadounidenses de inmigrantes que tenían TPS y cuyos padres sean detenidos o deportados podrían enfrentar la separación familiar o incluso ser colocados en cuidado de crianza.

En Springfield, Ohio, donde reside una numerosa comunidad haitiana, varios inmigrantes han recibido cartas para presentarse en persona ante ICE y algunos han sido equipados con brazaletes de monitoreo.

“Muchos inmigrantes han pasado años trabajando, pagando impuestos, criando familias y contribuyendo a comunidades en todo nuestro país. Bajo el marco legal actual, no hay oportunidad de una solución legislativa permanente para muchas de estas personas. Esa responsabilidad pertenece al Congreso”, declaró el alcalde de Springfield, Rob Rue.

Rue agregó que la ciudad no ha recibido información de ICE sobre operativos de control migratorio planificados y afirmó: “Las soluciones duraderas requieren liderazgo”. Además, pidió al Congreso “aprovechar esta oportunidad para modernizar nuestro sistema migratorio de una manera que defienda el estado de derecho, fortalezca nuestra economía y refleje los valores que han hecho fuerte durante mucho tiempo a Estados Unidos”.

La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) actuó como si el TPS hubiera terminado el 27 de julio, cuando la Corte Suprema emitió su mandato a los tribunales inferiores. Con las autorizaciones de trabajo vencidas, la agencia publicó en X que la “prueba gratuita de Estados Unidos ha terminado”.

“Sus protecciones de Estatus de Protección Temporal han expirado. Se llevará a cabo la ejecución. Puede esperar a que DHS lo deporte o irse ahora”, escribió la agencia, con dos opciones: “Salga ahora” o “Espere la deportación”.

En otra publicación, la agencia dijo: “El estatus de protección temporal es exactamente eso: TEMPORAL. Para aquellos con TPS terminado: es la hora de cerrar. No tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí. Aún no es tarde para obtener un cheque de $2,600 y un vuelo GRATIS a casa: https://t.co/YGo3uuNvrE”.

Haití: un país en crisis desde 2010

Haití fue designado por primera vez para el TPS en 2010, después de que el devastador terremoto matara a más de 300,000 personas y desplazara a 1.5 millones. En los años siguientes, el deterioro de las condiciones —incluida la inestabilidad política, la violencia de pandillas y las crisis humanitarias recurrentes— llevó a que el programa se extendiera y redesignara en múltiples ocasiones.

El reclamo por discriminación sigue en la corte

Los abogados que presentaron la demanda inicial en Washington contra la administración Trump dijeron que aún están evaluando los efectos del fallo de la Corte Suprema y que informarán a la jueza Reyes sobre la presentación de una demanda enmendada. En febrero, Reyes había pausado la decisión del gobierno de terminar el TPS para los haitianos, lo que preparó el terreno para el fallo del máximo tribunal, que por 6 votos a 3 revocó tanto su decisión como la de una corte de apelaciones.

Sin embargo, los jueces dejaron abierta una ventana estrecha para que los haitianos continúen impugnando la decisión por motivos constitucionales, en particular su afirmación de que la terminación del TPS se basó en discriminación racial, en violación de la Cláusula de Igual Protección de la 14ª Enmienda.

Los abogados del Departamento de Justicia pidieron a la jueza que suspendiera la etapa de descubrimiento de pruebas en el caso restante, pero Reyes se negó en su orden del miércoles, lo que indica que está lista para avanzar con el reclamo de discriminación.

¿Qué puede pasar ahora?

Aunque el caso avanza en el tribunal federal de Washington, muchos haitianos podrían ser deportados por ICE a Haití, un país que se desmorona por la violencia de pandillas, el caos político, la pobreza extrema y el hambre.

Algunos defensores han presionado en silencio a la administración Trump para que otorgue protecciones de deportación a Haití a través de un programa conocido como Deferred Enforced Deportation. Durante su primer mandato, el presidente Trump emitió la deportación diferida para miles de liberianos que viven en Estados Unidos después de terminar la designación de TPS de esa nación de África occidental, y luego extendió el período de reducción gradual por un año.